LA PAZ, 8 abr (El Libre Observador) — Los tentáculos del caso Lava Jato se extienden a Bolivia, donde la Fiscalía investiga 51 posibles «coimas» por $us 4 millones pagadas por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para obtener la adjudicación de dos tramos carreteros entre 2004 y 2006.
El caso se reactivó en marzo cuando el diputado Carlos Alarcón, exministro de Obras Públicas en el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), fue citado como testigo. Alarcón denunció una «represalia» y Mesa acusó al gobierno de «dormir el caso» durante años.
El fiscal José Rodríguez niega que el caso haya estado congelado y explica que se ha pedido una ampliación de seis meses para la investigación.
Las pesquisas se centran en los tramos Roboré-El Carmen (adjudicado a Camargo Correa) y El Carmen-Arroyo Concepción (Odebrecht).
Se presume que las empresas brasileñas y sus aliadas bolivianas, ARG Ltda. e IASA, «lograron una participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado» a cambio de 51 sobornos que ascienden a cerca de $us 4 millones.
Los dineros de Odebrecht habrían llegado a Raquel B. S., esposa de Marcelo R. S. B., cuyo perfil económico no coincide con los movimientos que se presume ejecutaba.
Hay al menos 23 personas en la mira, entre personas privadas y jurídicas, y exfuncionarios. Los posibles delitos son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.
La investigación aún está en curso y se espera que se cite a declarar a más personas. El caso Lava Jato en Bolivia tiene todavía mucha tela para cortar.
