LA PAZ, 2 jun (El Libre Observador) — El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia puso fin este lunes a la incertidumbre jurídica sobre la reelección presidencial, al ratificar que ninguna persona puede ejercer la presidencia por más de dos mandatos, sean consecutivos o no. La decisión bloquea cualquier intento de repostulación del expresidente Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019 y mantiene aspiraciones de volver al poder.
“Nadie puede perpetuarse en el poder”, sentenció el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, en una declaración a la prensa desde Sucre, sede de la alta corte. Con esas palabras, el magistrado zanjó un debate que ha tensionado el panorama político boliviano en los últimos meses y que ha reactivado movilizaciones impulsadas por los sectores afines a Morales.
El fallo ratifica la línea jurisprudencial fijada por la sentencia constitucional 1010/2023, que ya prohibía una tercera postulación presidencial, incluso si no era consecutiva. Esta interpretación fue reforzada el pasado 16 de mayo mediante la sentencia normativa 007/2025, que fue notificada al Órgano Electoral con el objetivo de dejar sin margen de ambigüedad la imposibilidad de nuevas candidaturas fuera de los límites establecidos en la Constitución.
El contexto no es menor. Bolivia atraviesa una compleja pugna interna en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido que llevó a Morales al poder y que hoy está fracturado en al menos tres bloques: los leales a Evo, los afines al presidente Luis Arce, y un tercer sector en búsqueda de renovación.
La sentencia representa un duro golpe para la estrategia de Morales, quien desde su retorno al país en 2020 tras un año de exilio político ha intentado recuperar su hegemonía dentro del MAS y en el escenario nacional.
En paralelo a la resolución del TCP, sectores evistas han salido a las calles con bloqueos y marchas para presionar por la habilitación de su líder.
Sin embargo, el camino político también se ha estrechado: PAN-BOL, la sigla que Morales intentó utilizar como vehículo electoral ante la imposibilidad de controlar legalmente el MAS, fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral al no cumplir los requisitos legales para su inscripción.
Pese a sus reiteradas denuncias de “persecución política” por parte del gobierno de Arce, Morales enfrenta ahora un cierre institucional de su ruta a la candidatura presidencial, con base no solo en la Constitución boliviana sino también en la jurisprudencia internacional. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, reforzando el criterio adoptado por el TCP.
El pronunciamiento del Tribunal boliviano también tiene implicaciones más amplias. Representa un paso hacia la consolidación de límites al poder en un país donde las tensiones entre caudillismo y legalidad han marcado la historia política reciente.
Bolivia, que vivió en 2019 una de las crisis institucionales más profundas desde el retorno de la democracia, parece ahora transitar —al menos desde el plano jurídico— hacia un esquema más alineado con el principio de la alternancia.
La escena política, sin embargo, sigue lejos de estar despejada. Con elecciones generales programadas para el 17 de agosto y un escenario partidario aún inestable, el país se adentra en un ciclo electoral cargado de incertidumbre.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha marcado la cancha con claridad: el poder en Bolivia no es vitalicio. Y el tiempo de las reelecciones ilimitadas, al menos por vía judicial, parece haber llegado a su fin.
