LA PAZ, 7 nov (El Libre Observador) – Las elecciones judiciales en Bolivia, programadas para el próximo 15 de diciembre, enfrentan una seria amenaza luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera un fallo que suspende la convocatoria en varios departamentos.
La resolución, emitida el 4 de noviembre y difundida este jueves, cuestiona la legalidad de la convocatoria y ordena su repetición en las regiones afectadas, generando incertidumbre sobre la viabilidad del proceso.
La decisión del TCP declara la inaplicación parcial del artículo 37 II de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, afectando directamente la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, así como la elección de jueces del Tribunal Constitucional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Este fallo también ratifica una sentencia previa de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que ya había solicitado anular el proceso en estas jurisdicciones.
Sin embargo, el TCP permitió que las elecciones para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura sigan adelante, argumentando que estos procesos cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Esta diferenciación en la aplicación del fallo ha provocado tensiones entre las autoridades judiciales y electorales.
Aún sin recibir la notificación oficial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha mostrado su preocupación. El vocal electoral Tahuichi Tahuichi calificó el fallo como un «atentado contra el sistema electoral» y convocó a una reunión de emergencia de la Sala Plena para definir la postura institucional del TSE frente a la situación.
Tahuichi subrayó que las elecciones judiciales tienen un carácter nacional y no departamental, sugiriendo que la intervención del Tribunal Constitucional podría invadir las competencias del Órgano Electoral.
Este proceso electoral, considerado vital para la renovación del sistema judicial en Bolivia, incluye la selección de 26 nuevas autoridades, entre ellas nueve magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, además de jueces para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
La resolución del TCP, sin embargo, ha sembrado dudas sobre la posibilidad de completar el proceso, generando un momento crítico en la política judicial del país.
Este conflicto entre el Tribunal Constitucional y el TSE resalta los desafíos que enfrenta Bolivia para garantizar la independencia y renovación de sus órganos judiciales en medio de tensiones entre poderes.
Con la fecha de las elecciones cada vez más cerca, el país sigue en vilo, esperando una posible solución que permita llevar a cabo el proceso sin mayores contratiempos.
