LA PAZ, 8 dic (El Libre Observador) – Los líderes principales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tomaron la determinación de conminar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita un pronunciamiento inmediato respecto al proceso de elecciones judiciales.
Esta decisión se tomó con la intención de fijar plazos y establecer un marco temporal para la selección de candidatos, otorgando un plazo de 72 horas para obtener una respuesta del TCP.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, representante del ala radical “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), resaltó la unanimidad en la necesidad de una declaración constitucional por parte del TCP para avanzar en la convocatoria y selección de candidatos.
Rodríguez hizo hincapié en la importancia de fijar plazos concretos para llevar a cabo las elecciones judiciales, subrayando que el objetivo primordial es garantizar la continuidad de este proceso.
La misiva enviada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional al TCP establece el plazo de 72 horas para obtener una Declaración Constitucional pertinente en relación con las elecciones judiciales.
Asimismo, adviertió que, en caso de no ser atendida esta solicitud, el Órgano Legislativo asumirá acciones contempladas en la Constitución para resguardar los intereses del pueblo boliviano.
No obstante, a pesar de la urgencia por obtener una respuesta del TCP, los representantes del Legislativo aún no han logrado definir una solución concreta al vacío de poder generado por el término de gestión de los actuales magistrados. Este asunto quedó pendiente y será objeto de discusión en la próxima reunión, programada para el martes.
El presidente del Senado mencionó la necesidad de alcanzar un acuerdo político entre los órganos del Estado involucrados para resolver esta situación. Se plantea la posibilidad de una interpretación por parte del TCP, una eventual prórroga de los magistrados actuales o un consenso para la asunción de suplentes, destacando la importancia de evitar actuaciones unilaterales entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
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