LA PAZ, 9 ene (El Libre Observador) — La Fiscalía allanó este viernes un departamento de alta gama atribuido a Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce (2020-2025), en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, un caso que vuelve a sacudir el debate público sobre patrimonio, transparencia y poder en Bolivia.
El operativo se realizó en un edificio residencial de la zona de Obrajes, uno de los sectores de mayor plusvalía de La Paz. Según información preliminar del Ministerio Público, la investigación se centra en la adquisición del inmueble, además de dos parqueos y dos vehículos de alta gama, con un monto involucrado que rondaría los 700.000 dólares. Al momento de la intervención, la vivienda se encontraba vacía, precisaron fuentes fiscales.
El fiscal Miguel Cardozo indicó que se trata de una propiedad de “gama alta” cuya compra se habría efectuado de manera directa y sin una justificación económica suficiente acorde con los ingresos declarados del investigado, extremo que ahora es materia de verificación patrimonial y financiera.
La causa se originó en una denuncia presentada el año pasado por el entonces diputado Héctor Arce, quien sostuvo que Rafael Arce Mosqueira habría adquirido dos pisos en un condominio mediante un pago en efectivo de 499.000 dólares, además de dos parqueos valuados en 36.000 dólares, dos bauleras por 20.000 dólares y vehículos todoterreno de alta gama cuyo valor conjunto superaría los 200.000 dólares. En total, la denuncia estimó el patrimonio cuestionado en 755.000 dólares.
El caso no es aislado. Rafael Arce Mosqueira enfrenta además otro proceso judicial por la compra presuntamente irregular de un predio productivo en Santa Cruz, por el cual ya fue imputado, según registros del Ministerio Público. La Fiscalía analiza ahora si existe un patrón de incremento patrimonial no justificado en ambos expedientes.
El allanamiento se produce en un contexto de alta sensibilidad política, en momentos en que Bolivia atraviesa tensiones sociales y económicas, y cuando los casos de presunta corrupción que involucran a familiares de altas autoridades suelen tener un fuerte impacto en la opinión pública. La Fiscalía subrayó que la investigación se encuentra en fase preliminar y que se actuará conforme al debido proceso.
Mientras avanzan las diligencias, el caso abre un nuevo frente judicial con potenciales repercusiones políticas, en un país donde la exigencia de rendición de cuentas vuelve a colocarse en el centro del debate nacional.
