Por Susana Pérez
LA PAZ, 12 ene (El libre Observador) — La Central Obrera Boliviana (COB), máxima entidad de los trabajadores del país, volvió a situarse en el centro de la escena política nacional, pero no por la fortaleza de su liderazgo ni por la claridad de su estrategia, sino por la rapidez con la que logró desperdiciar un capital político que había recuperado de manera casi inesperada.
En los primeros días del conflicto por el Decreto Supremo 5503, la COB consiguió algo poco frecuente en la Bolivia actual: reconectar con el respaldo ciudadano. La demanda de abrogación del decreto fue percibida como legítima, razonable y alineada con el interés colectivo. Durante ese breve lapso, amplios sectores sociales volvieron a reconocer en la central obrera a un actor capaz de articular una causa nacional más allá de consignas corporativas.
Pero esa ventana de legitimidad se cerró con una velocidad alarmante. El punto de quiebre fue la firma del acuerdo en la Casa del Pueblo. Mientras el Gobierno anunciaba la abrogación del decreto, se supo que el núcleo económico de la norma se mantenía intacto y que varios artículos serían simplemente derivados a la Asamblea Legislativa. La dirigencia de la COB, lejos de aclarar el alcance real del pacto, optó por negar el acuerdo o minimizarlo, enviando señales contradictorias que confundieron a las bases y erosionaron la confianza pública.

El resultado fue un divorcio inmediato entre dirigencia y militancia. Mientras los líderes negociaban, las bases seguían bloqueando carreteras convencidas de que la abrogación total seguía en pie. Cuando el desenlace se hizo evidente, el acuerdo fue leído por muchos sectores como una claudicación, y no faltaron las acusaciones de prebendalismo y cooptación política.
El intento posterior de control de daños —un video difundido por el ejecutivo de la COB negando haberse “vendido” y convocando a levantar los bloqueos— llegó demasiado tarde. La narrativa ya se había impuesto: una dirigencia que no consultó, que no explicó y que volvió a aparecer desconectada de su propia base social. La COB regresó así a un lugar conocido y desgastado: el de una cúpula sindical percibida como funcional al poder de turno.
Paradójicamente, el principal beneficiado fue el Gobierno. Logró desactivar el conflicto sin ceder en el fondo de su política económica y evitó un enfrentamiento prolongado con la población. La COB, en cambio, salió debilitada, atrapada entre sus contradicciones internas y la pérdida de autoridad moral.
La lección es tan simple como severa: la credibilidad no se administra como una consigna ni se negocia como un acuerdo coyuntural. Es un capital frágil que se construye con coherencia y se destruye con ambigüedad. La COB tuvo, por unos días, la oportunidad de recuperar su papel histórico como voz legítima del movimiento social. Eligió, una vez más, dilapidarlo.


