LA PAZ, 9 abr (El Libre Observador) — A miles de kilómetros de Lima, el acto de votar adquiere otra dimensión. No hay grandes plazas ni mítines multitudinarios, sino consulados, listas cuidadosamente revisadas y ciudadanos que cargan con un documento de identidad como único vínculo tangible con su país. En Bolivia, ese gesto, introducir una papeleta en una urna, depende de una maquinaria silenciosa que se activa lejos del foco político: la red consular.
Aquí, el proceso no lo organiza directamente la autoridad electoral peruana, sino los consulados. Son ellos los que levantan, desde cero, la arquitectura del voto en el exterior.
“Somos nosotros los que organizamos todo, en coordinación estrecha con Lima”, explicó el cónsul Hugo Pereyra. Es un engranaje discreto, pero decisivo, que convierte a cada sede diplomática en una suerte de extensión provisional del Estado peruano.
Bolivia está dividida en tres jurisdicciones electorales: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. En esta última, donde se concentra la mayor comunidad de votantes, el cónsul Pereyra dirige una operación que abarca también al departamento del Beni. Allí, el padrón alcanza los 3.500 electores, una cifra que obliga a afinar cada detalle.
Pero las cifras, aunque precisas, esconden matices. En todo el país, unos 10.000 peruanos están habilitados para votar. Son los que figuran en el registro oficial, aquellos que han mantenido actualizado su Documento Nacional de Identidad.
Sin embargo, la comunidad peruana es más amplia y difusa. Hay una “población flotante” —migrantes que viven en Bolivia, pero conservan dirección en Perú o no han actualizado sus datos— que queda fuera del proceso. Es la otra cara de la migración: la de quienes permanecen, pero no cuentan.
La logística revela la escala del desafío. Solo en Santa Cruz se instalarán ocho mesas de sufragio, cada una con más de 400 votantes asignados. La organización exige precisión casi quirúrgica: capacitar a los miembros de mesa, distribuir el material electoral, garantizar el orden. Todo para que, durante diez horas, de siete de la mañana a cinco de la tarde, el proceso fluya sin sobresaltos.
“Es importante que todo esté claro para el ciudadano”, subraya Pereyra, consciente de que el voto en el exterior no solo es un derecho, sino también una prueba de confianza institucional. La experiencia reciente, tanto en Perú como en otros países de la región, ha demostrado que la legitimidad de un proceso electoral se juega también en su capacidad de incluir a quienes están lejos.
En este contexto, votar se convierte en un acto que trasciende lo político. Es, en cierta medida, una forma de pertenencia. En La Paz o en Santa Cruz, el gesto de acudir con el DNI, vigente o vencido, y marcar una opción en la cédula electoral es también una afirmación de identidad.
