LA PAZ, 30 dic (El Libre Observador) – La Fiscalía General del Estado de Bolivia reiteró este lunes que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales ya fue entregada a la Policía, instancia responsable de ejecutarla.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, enfatizó que el trabajo del Ministerio Público ha concluido en esta etapa del proceso, poniendo la pelota en la cancha de las fuerzas del orden.
“Existe un mandamiento de aprehensión que se ha entregado a la Policía en su momento para que se pueda ejecutar. Ya el trabajo no corresponde al Ministerio Público sino a la Policía”, declaró Mariaca, en respuesta a las declaraciones de varios jefes policiales que, días atrás, habían asegurado no haber recibido la notificación correspondiente.
El Juzgado Quinto de Instrucción de Tarija fijó para el 14 de enero de 2025 una audiencia donde se evaluará la situación jurídica del exmandatario y la madre de la presunta víctima, en el marco de una investigación por un caso de trata de personas. La Fiscalía ha adelantado que solicitará la detención preventiva de Morales por un periodo de seis meses, basándose en los riesgos procesales de fuga y obstaculización de la justicia.
Desde el Gobierno, se ha manifestado la intención de actuar con cautela. Según voceros oficiales, se esperará el «momento preciso» para evitar poner en riesgo la vida de personas, una declaración que subraya la sensibilidad del caso en un país donde las movilizaciones sociales han sido recurrentes en torno a la figura del expresidente.
Mientras tanto, Morales permanece en el trópico de Cochabamba, atrincherado entre seguidores de las Seis Federaciones del Chapare, quienes han declarado públicamente su disposición a defenderlo. El respaldo social en esta región ha sido clave para eludir intentos previos de aprehensión.
Sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) han advertido que cualquier intento de captura podría desencadenar movilizaciones masivas y posibles enfrentamientos. En declaraciones recientes, líderes locales han dejado claro que no permitirán la detención de Morales sin resistencia, una postura que refleja la polarización política que persiste en Bolivia.
El caso de trata de personas en el que Morales está implicado ha generado una profunda controversia, tanto dentro como fuera de Bolivia. Su figura, símbolo de profundas transformaciones políticas y sociales en el país, sigue siendo polarizadora: para algunos, un líder perseguido políticamente; para otros, un ciudadano más que debe rendir cuentas ante la justicia.
El 14 de enero se perfila como una fecha decisiva en el escenario político y jurídico boliviano, con el país dividido entre quienes exigen justicia y quienes claman por la defensa del expresidente. La capacidad de las instituciones bolivianas para manejar este caso será observada de cerca, en un contexto donde cada decisión puede tener repercusiones de largo alcance.
