LA PAZ, 27 dic (El Libre Observador) – El Ministerio Público logró reunir un sólido arsenal de 133 pruebas documentales y 113 testimonios en relación con el llamado caso “Golpe de Estado I”, en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, y otros por una serie de delitos que incluyen terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Entre las pruebas presentadas, se destacan informes forenses técnicos, registros bancarios de transferencias de fondos, facturas de hoteles y respuestas oficiales a solicitudes de la Fiscalía. Además, se han recabado 131 declaraciones de testigos que estuvieron presentes en las reuniones y eventos durante los conflictos del 2019, incluyendo testimonios de los acusados.
Los hechos, que se remontan al 21 de octubre de 2019, involucran a Camacho y cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, desencadenaron protestas que llevaron a la quema de los Tribunales Electorales Departamentales, bajo el argumento de un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año lo que agudizó los conflictos en las calles.
La Fiscalía sostiene que estos líderes «presumiblemente promovieron la salida prematura del expresidente Evo Morales y sus ministros, bajo amenazas a sus familiares, alentando la renuncia de los expresidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de ese período».
Se ha destacado que, tras reuniones en una universidad en La Paz, se consolidó la intención de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia de Bolivia, a pesar de que no estaba en línea de sucesión presidencial según la Constitución, según un informe del Ministerio Público.
Los acusados, incluyendo a Jeanine Áñez, se habrían reunido en múltiples ocasiones para discutir la distribución de instituciones estatales, siendo señaladas reuniones clave en hoteles y edificios gubernamentales.
El fiscal del caso, Omar Mejillones, confirmó que se buscará la pena máxima de 20 años de prisión por el delito mayor, el de terrorismo.
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