LA PAZ, 26 dic (El Libre Observador) – En un movimiento judicial sin precedentes, el Ministerio Público de Bolivia presentó este martes una acusación formal por el caso denominado Golpe de Estado I, con acusaciones contra la expresidenta Jeanine Áñez (2029-2020), al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, al exlíder cívico potosino Marco Pumari, al exministro Luis Fernando López, y a los excomandantes Williams Kaliman y Yuri Calderón.
La acusación, liderada por el fiscal Omar Mejillones, busca penas de entre 15 y 20 años de prisión por el delito de terrorismo, considerado el más grave en este proceso.
Mejillones precisó que la pena solicitada variará según el nivel de participación de cada acusado. Áñez y Pumari enfrentan acusaciones de complicidad en el contexto de este delito, que contempla una condena que oscila entre los 15 y 20 años de reclusión.
La Fiscalía brindó una conferencia de prensa para detallar la acusación relacionada con la crisis política de 2019 en Bolivia, que culminó con la dimisión del entonces presidente Evo Morales.
El caso «Golpe de Estado I» ha sido objeto de una exhaustiva investigación durante tres años desde finales de 2020, a raíz de la denuncia por terrorismo presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.
Camacho se encuentra bajo detención preventiva en el penal Chonchocoro en La Paz desde diciembre de 2022 en relación con este caso, presentado para establecer responsabilidades en los sucesos que desencadenaron la renuncia de Morales.
Por su parte, Áñez cumple una sentencia de 10 años en el caso «Golpe de Estado II», relacionado con la vulneración de las normas para acceder al poder, y está detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.
El desarrollo reciente de este caso ha visto a seis de los imputados admitir su culpabilidad y someterse a juicios abreviados, obteniendo sentencias reducidas. Sin embargo, otros acusados, incluyendo a excomandantes militares como Williams Kaliman y exfuncionarios como Yuri Calderón, se encuentran en rebeldía, presuntamente fuera del país.
La Fiscalía sostiene que hubo una coordinación entre Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas para destituir a Evo Morales de la presidencia de Bolivia, en lo que se considera un proceso judicial de gran trascendencia en el país sudamericano.
