SUCRE, 23 may (El Libre Observador) — En una advertencia firme dirigida tanto al sistema judicial como a los actores políticos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ordenó este viernes que todos los recursos legales vinculados al proceso electoral sean resueltos de manera «inmediata», y dejó en claro que ninguna acción judicial podrá alterar el calendario de las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, leyó un pronunciamiento institucional desde Sucre, en el que denunció una creciente tendencia a judicializar el proceso electoral. “Ninguno de los recursos judiciales debe alterar o modificar el calendario electoral, ni retrotraer acciones ya superadas”, subrayó.
La declaración llega en un momento de alta tensión política y jurídica, con múltiples impugnaciones contra partidos y candidaturas, y amenazas de movilización por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales.
Hurtado instruyó a todas las salas constitucionales y jueces de garantías del país a tramitar y resolver con carácter prioritario los recursos presentados.
Esta directriz busca evitar un efecto paralizante sobre el calendario elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual ya advirtió que la proliferación de acciones legales podría comprometer los plazos técnicos y logísticos de los comicios.
El TCP también exhortó a los actores políticos a dejar de utilizar los tribunales como campo de batalla preelectoral. “Instamos a que se dediquen a proponer al pueblo soluciones concretas a los problemas que los afectan, y no a judicializar la política”, agregó Hurtado.
En los últimos días, distintas organizaciones políticas —especialmente las que orbitan en torno al evismo— han enfrentado demandas que buscan excluirlas de la contienda, cuestionando la legalidad de sus alianzas, siglas o procesos internos de selección de candidatos.
Aunque el TCP no mencionó casos específicos, fuentes del ámbito judicial confirman que al menos seis recursos están en curso en distintas jurisdicciones.
Desde el TSE, algunos vocales han expresado preocupación ante el intento de sabotear el proceso mediante recursos judiciales tardíos o de dudosa motivación. A ello se suman las amenazas de protestas y bloqueos por parte de sectores sociales, que exigen la renuncia de magistrados prorrogados y reclaman mayor transparencia en el arbitraje electoral.
En este contexto, el pronunciamiento del TCP busca cerrar filas institucionales en defensa del calendario electoral y reafirmar la continuidad democrática. La estabilidad del proceso está en juego, y el órgano constitucional más alto del país acaba de dejar claro que no permitirá su desestabilización judicial.
