LA PAZ, 27 ene (El Libre Observador) – Las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien insinuó que sus bases estarían considerando una lucha armada «para hacerse respetar», han desatado un rechazo unánime tanto del Gobierno como de la oposición boliviana. Ambos sectores coincidieron en la necesidad de fortalecer la democracia y evitar cualquier acto que promueva la violencia o grupos irregulares.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, fue enfática en su llamado a la unidad frente a las amenazas de confrontación.
«Es momento de cerrar filas contra quienes buscan desestabilizar al Gobierno con discursos que apuestan por la creación de grupos irregulares. Quieren llegar al poder mediante el caos porque saben que, de otra forma, no lo lograrán», declaró Prada en un tono firme.
Desde la oposición, el líder de la agrupación Creemos y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente encarcelado en el penal de Chonchocoro, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de confrontación armada.
«En Bolivia no habrá lucha armada, como quiere Evo Morales. En las próximas elecciones, todos los ciudadanos unidos recuperaremos la democracia», señaló desde prisión, dejando claro que las diferencias políticas deben resolverse dentro del marco democrático.
POLÉMICAS DECLARACIONES
El expresidente Evo Morales causó controversia el pasado domingo al referirse al ataque armado a policías ocurrido el 13 de enero en Challapata. «La gente está levantándose sin que diga el dirigente, sin que sepamos», afirmó Morales, aunque aclaró que desconoce quiénes serían los responsables del tiroteo.
Estas palabras encendieron alarmas en el Gobierno, que reaccionó con firmeza. César Siles, ministro de Justicia, no dudó en calificar las declaraciones como una muestra de «terrorismo de Estado». «Que no se me interprete mal: se trata de un tipo penal gravísimo.
Las amenazas públicas de este tipo deben ser analizadas por la Fiscalía para evitar actos de terrorismo. Somos un gobierno de paz, y los grupos ilegales, armados o paramilitares, están proscritos legalmente», afirmó Siles, subrayando que espera que las declaraciones de Morales sean solo advertencias retóricas.
El consenso entre las principales figuras políticas del país es una señal clara de rechazo a cualquier intento de fomentar la violencia. Mientras el Gobierno refuerza su compromiso con la paz y la legalidad, la oposición insiste en que la única vía para superar las crisis es a través del respeto a los procesos democráticos.
