LA PAZ, 12 dic (El Libre Observador) — A las siete de la noche del viernes, bajo un fuerte dispositivo policial y con cámaras apostadas en los alrededores, el expresidente boliviano Luis Arce cruzó el portón del penal de San Pedro. La imagen —un exjefe de Estado ingresando a una de las cárceles más emblemáticas del país— marcó un nuevo episodio de la judicialización de la política en Bolivia.
La justicia ordenó cinco meses de detención preventiva contra Arce mientras avanzan las investigaciones por el caso del Fondo de Desarrollo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década.
El juez anticorrupción Elmer Laura consideró que existen indicios suficientes de responsabilidad por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, así como riesgos de obstaculización del proceso.
“No nos hemos ido, estamos aquí…”, alcanzó a decir el exmandatario a los periodistas antes de ingresar al recinto penitenciario, una frase breve que condensó tanto desafío político como resignación personal. Minutos antes, había participado de forma virtual en una audiencia cautelar que se prolongó por más de seis horas y concluyó con la decisión más severa.
Durante su declaración, Arce rechazó de manera enfática las acusaciones y denunció una persecución política. “Soy absolutamente inocente. Se están vertiendo acusaciones por aspectos claramente políticos. Se buscan chivos expiatorios para encubrir lo que está pasando”, sostuvo ante el juez, en una línea de defensa que conecta con una narrativa recurrente en la política boliviana: la judicialización de los conflictos de poder.
El exmandatario fue trasladado desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta el penal de San Pedro, un espacio que históricamente ha alojado a figuras políticas, empresarios y dirigentes sindicales procesados en momentos de crisis institucional.
La defensa de Arce pidió su “libertad pura y simple”, argumentando razones humanitarias. El abogado Jaime Tapia informó que el expresidente, de 62 años, padece cáncer y presenta un cuadro médico complejo, incluyendo un linfoma, además de estar a cargo del cuidado de su madre, una mujer de más de 80 años. Según la defensa, estas condiciones ameritaban medidas sustitutivas a la detención.
El juez, sin embargo, dio mayor peso a los riesgos procesales señalados por la Fiscalía, que sostiene que Arce, en su calidad de exministro de Economía y miembro del directorio del Fondo Indígena durante el Gobierno de Evo Morales, no ejerció los controles necesarios sobre el uso de recursos públicos destinados a proyectos productivos para comunidades indígenas y campesinas.
El Fondo Indígena fue creado para impulsar el desarrollo rural, pero terminó envuelto en denuncias por desvíos millonarios, obras inconclusas y proyectos inexistentes. El caso estalló en 2015 y desde entonces ha dejado un largo rastro de procesos judiciales, detenciones y un fuerte desgaste institucional.
El encarcelamiento preventivo de Arce reaviva el debate sobre el uso de la justicia en Bolivia como instrumento de disputa política. Para sus detractores, la medida responde a la gravedad de los hechos investigados y a la necesidad de sentar precedentes contra la corrupción. Para sus aliados, en cambio, se trata de un ajuste de cuentas en un contexto de crisis económica, desgaste gubernamental y reconfiguración del poder.
