LA PAZ, 3 oct (El Libre Observador) — El expresidente (2006-2019), Evo Morales, enfrenta serias acusaciones por trata de personas y estupro, según una investigación en curso de la Fiscalía de Tarija. Los cargos surgen en medio de un escándalo que ha revelado un presunto entramado de manipulación política, en el que Morales habría utilizado su poder para captar a una menor de edad, con quien tuvo un hijo cuando ella tenía 15 años.
El proceso judicial, que incluye una orden de aprehensión emitida el 26 de septiembre, no ha avanzado debido a presiones políticas que habrían bloqueado su ejecución. Los obstáculos van desde la Fiscalía General del Estado y una juez de Santa Cruz, que trabajó en la gestión presidencial de Morales en importantes cargos públicos.
Las investigaciones aseguran que en 2018 se emitió un certificado de nacimiento en Yacuiba que confirma a Morales como padre de la menor, quien fue concebida cuando la madre, C.S.V.P., tenía solo 15 años. En ese entonces, Morales era el presidente de Bolivia.
De acuerdo con la investigación, Morales conoció a la joven a través de la “guardia juvenil” llamada Generación Evo, una iniciativa que él impulsó en 2014 y 2015 para reunir a adolescentes de 14 y 15 años.
Los padres de la menor inscribieron a su hija en este grupo buscando beneficios políticos y materiales, lo que ha llevado a que también sean investigados por trata de personas. Según la Fiscalía, los padres de la menor recibieron favores como viajes y cargos públicos, incluidos puestos en el Gobierno Regional del Gran Chaco.
El documento de la Fiscalía describe cómo la familia de la menor habría «lucrado» con la situación, mientras Morales presuntamente utilizaba su influencia para facilitar estos favores, incluyendo la postulación de la madre de la joven a un cargo en la Asamblea Legislativa de Tarija, aunque fue rechazada por antecedentes penales.
El caso ha generado indignación en Bolivia, con fuertes críticas a la aparente complicidad entre la política y la explotación de menores.
La defensa de Morales ha calificado el proceso como una «persecución política», afirmando que el caso está fabricado para desacreditar al exmandatario. Sin embargo, la Fiscalía de Tarija ha presentado pruebas que incluyen fotografías, certificados de participación de la joven en actividades de la guardia juvenil, y el certificado de nacimiento de su hijo.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las menores en contextos de poder y la dificultad de separar las responsabilidades políticas de las jurídicas en Bolivia.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los menores han solicitado que el proceso se lleve a cabo sin interferencias y que se priorice la integridad de la menor involucrada.
El caso ha generado un amplio debate en Bolivia sobre el uso del poder político para encubrir delitos y la impunidad de figuras prominentes. Morales, quien ha tachado estas acusaciones como parte de una «persecución política», enfrenta cargos por trata de personas con agravantes, un delito grave que implica penas severas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la orden de aprehensión contra Morales no fue ejecutada, lo que ha desatado críticas de varios sectores políticos y sociales. El caso expone una vez más las profundas fracturas en la administración de justicia del país, donde las presiones políticas parecen influir en la celeridad y efectividad de las investigaciones.
El escándalo también ha provocado un debate sobre la protección de menores y la integridad sexual en Bolivia. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha cuestionado duramente el sistema judicial, exigiendo respuestas claras sobre la manipulación de procesos y la protección de figuras políticas como Morales.
A medida que el proceso avanza, el impacto político y social del caso es innegable, y tanto la figura de Morales como su legado político están siendo sometidos a un profundo escrutinio. La sociedad boliviana espera con atención los próximos pasos de la Fiscalía y la resolución de este caso, que amenaza con redefinir el panorama político del país.
