LA PAZ, 13 jul (El Libre Observador) — La justicia boliviana concedió este lunes la detención domiciliaria al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, principal acusado por la fallida asonada militar del 26 de junio de 2024, poniendo fin a dos años de prisión preventiva mientras continúa el juicio oral por uno de los episodios políticos más controvertidos de la historia reciente del país.
La decisión fue adoptada por el tribunal que conoce el caso, tras una audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada en La Paz, horas después de que Zúñiga compareciera en la primera jornada del juicio. La información fue confirmada por su abogado, Eduardo León.
Según el jurista, el exgeneral cumplirá medidas sustitutivas que incluyen detención domiciliaria, presentación periódica ante el Ministerio Público y el pago de una fianza. La defensa prevé completar los requisitos judiciales en un plazo de 72 horas, tras lo cual Zúñiga abandonará el régimen de prisión preventiva.
«Ahora tendrá libertad con las medidas sustitutivas que ha dispuesto el tribunal», afirmó León al término de la audiencia, al precisar que, mientras se formalizan los trámites, su defendido permanecerá temporalmente en el penal de San Pedro, en La Paz.
Zúñiga permanecía recluido desde 2024 en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, donde cumplía detención preventiva por los delitos investigados en el proceso relacionado con la movilización militar que culminó con la ocupación de la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano.
La resolución judicial se produjo el mismo día en que el excomandante fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde Cochabamba hasta La Paz para asistir al inicio del juicio oral. Durante la jornada también prestó declaración ante el tribunal antes de participar en la audiencia en la que obtuvo el beneficio procesal.

De acuerdo con la defensa, una vez cumpla las condiciones impuestas por la justicia, Zúñiga permanecerá en La Paz para asistir a las audiencias del proceso, cuya continuación está prevista para este martes.
El exgeneral es el principal acusado por los hechos del 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar, acompañado por vehículos blindados, ingresó a la plaza Murillo en una operación que el entonces presidente Luis Arce denunció como un intento de golpe de Estado. Horas después, Zúñiga fue detenido y procesado junto con una veintena de militares y civiles.
Desde su aprehensión, el excomandante ha rechazado la acusación de golpismo y sostiene que la movilización respondió a un supuesto «autogolpe» organizado por el propio Gobierno, una versión que las autoridades han negado de forma reiterada y que constituye uno de los principales ejes de la estrategia de su defensa durante el juicio.
La concesión de la detención domiciliaria no modifica la situación procesal del exgeneral ni suspende el juicio oral, que continuará con la presentación de pruebas y declaraciones de decenas de testigos convocados por la Fiscalía y la defensa en un caso que mantiene una fuerte carga política y jurídica en Bolivia.

