LA PAZ, 3 jul (El Libre Observador) – Un sector de las Fuerzas Armadas de Bolivia irrumpió en las calles de La Paz, movilizando vehículos blindados y ocupando espacios públicos, en un intento por derrocar al gobierno de Luis Arce democráticamente electo. La acción, que incluyó el derribo de la puerta del Palacio Quemado, sede del Órgano Ejecutivo, generó conmoción a nivel nacional e internacional.
Ante este grave atentado contra la democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó este miércoles su voz con firmeza. En un comunicado contundente, la CIDH condenó el intento de golpe de Estado y exigió el «inmediato e irrestricto respeto de la institucionalidad democrática, el mantenimiento del orden constitucional y la protección de los derechos humanos» en Bolivia.
La comunidad internacional no tardó en reaccionar ante esta amenaza a la democracia. Diversos Estados de la región, en el marco de la 54º Asamblea General de la OEA, manifestaron su rechazo a la insubordinación militar. En Bolivia, las voces de repudio también se multiplicaron. Instituciones gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y amplios sectores sociales condenaron las acciones del sector militar insurgente y anunciaron movilizaciones en defensa de la democracia.
La CIDH, en su comunicado, recordó que la democracia es un pilar fundamental para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En este sentido, enfatizó la importancia del respeto a los derechos humanos, el ejercicio del poder bajo el Estado de derecho y la subordinación de todas las instituciones públicas, incluyendo el Ejército, a la autoridad civil legítimamente constituida.
«En una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, preservando la democracia y la vigencia de los derechos humanos», señala la CIDH.
Las acciones del sector militar insurgente, según la CIDH, atentaron contra los principios democráticos establecidos en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello, la Comisión hizo un llamado urgente al «respeto irrestricto de la institucionalidad democrática y al mantenimiento del orden constitucional» en el país.
La CIDH no omitió mencionar que, en contextos de crisis institucionales anteriores en Bolivia, se han producido graves violaciones de derechos humanos que han afectado, en particular, a los pueblos indígenas originarios campesinos y a otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En vista del pasado reciente marcado por la conflictividad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a «todos los agentes del Estado a cumplir con su deber de respeto, garantía y protección de los derechos humanos». La estabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos, según la CIDH, exigen el concurso de todas las fuerzas políticas y sectores sociales en defensa de la institucionalidad.
La acción de la CIDH es un mensaje claro a todos los actores políticos y sociales de Bolivia: la democracia no se negocia y debe ser defendida por todos los medios legítimos. La comunidad internacional también tiene un papel crucial que jugar en la defensa de la democracia en Bolivia y en toda la región.
