SUCRE, 21 mar (El Libre Observador) – Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron su mandato sin elección popular han vuelto a blindarse para su continuidad en sus cargos.
A través de la Declaración Constitucional 002/2025, emitida en febrero y recién revelada, ratificaron su permanencia en el cargo y anularon una ley aprobada por el Senado que buscaba regular su funcionamiento.
El fallo fue resultado de una queja presentada por el exmagistrado Ricardo Torres, quien denunció el incumplimiento de la Declaración Constitucional 0049/2023, la misma que permitió a los magistrados autoprorrogados permanecer en sus cargos hasta la elección de nuevas autoridades judiciales.
El documento también declara inconstitucional la Ley de Conformación y Funcionamiento del TCP y el Tribunal Supremo de Justicia, aprobada en enero de este año por el Senado, e instruye a la Asamblea Legislativa “abstenerse de reproducir el contenido material declarado inconstitucional”, cerrando así cualquier intento legislativo de revertir su continuidad.
MAGISTRADOS ELECTOS QUEDAN FUERA DEL FALLO
Uno de los aspectos más polémicos de la nueva declaración constitucional es que los magistrados elegidos en los comicios de diciembre no participaron en la decisión.
Según el fallo, los jueces Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca no emitieron criterio alguno respecto a la resolución, lo que refuerza la idea de que la medida fue tomada exclusivamente por los magistrados autoprorrogados.
Cinco jueces continúan en sus cargos bajo su propio fallo: Gonzalo Hurtado (Beni), Yván Espada (Pando), Karem Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija). En sus respectivos departamentos, no se llevaron a cabo votaciones para renovar los cargos, lo que les permitió mantenerse en funciones.
UN BLINDAJE JURÍDICO EN VARIAS ETAPAS
Los magistrados debían dejar sus cargos en enero de 2024, pero a través de la Declaración Constitucional 0049/2023, determinaron que permanecerían hasta que se realizaran las elecciones judiciales, que finalmente tuvieron lugar en diciembre del año pasado. Sin embargo, el proceso fue parcial debido a un fallo del propio Tribunal Constitucional, lo que dejó siete cargos sin renovar.
Para evitar su destitución, los jueces autoprorrogados emitieron un nuevo fallo, el Auto Constitucional 113/2024, en el que establecieron que continuarían en sus funciones “hasta que se preseleccione, elija y posesione a las nuevas autoridades judiciales y constitucionales en aquellos departamentos donde las convocatorias fueron declaradas desiertas”.
Esta maniobra surgió como respuesta a una iniciativa legislativa que pretendía removerlos de sus puestos, argumentando que las elecciones judiciales ya se habían realizado. En consecuencia, este fallo se convirtió en el primer gran blindaje a su continuidad en el cargo. El nuevo dictamen refuerza aún más su permanencia y deja fuera a las autoridades electas en diciembre, profundizando la controversia en torno a la legitimidad del TCP y la estabilidad del sistema judicial boliviano.
