LA PAZ, 10 jun (El Libre Observador) — Miles de campesinos, mineros y trabajadores descendieron desde El Alto hacia La Paz para exigir la renuncia de Rodrigo Paz. La Policía frenó el avance con gases lacrimógenos. La jornada confirmó que el conflicto boliviano ha entrado en una fase más confrontacional.
Poco después del mediodía, cuando miles de manifestantes descendían por la autopista que conecta El Alto con La Paz, los primeros estallidos de petardos y dinamita comenzaron a retumbar entre las montañas que rodean la capital administrativa de Bolivia. Desde los miradores paceños era posible observar una extensa columna humana avanzar hacia el centro político del país, donde la Policía y las Fuerzas Armadas ya habían levantado barreras para impedir cualquier intento de acercamiento a la plaza Murillo.
La imagen evocaba algunos de los episodios más tensos de la historia reciente boliviana: una ciudad sitiada por la incertidumbre, una marcha multitudinaria que reclama la salida del presidente y un Gobierno decidido a impedir que la protesta llegue hasta el corazón del poder.
Bolivia cumplió este miércoles 41 días de bloqueos, movilizaciones y protestas. Lo que comenzó como una demanda de sectores sociales afectados por la crisis económica se ha convertido en una confrontación política de alcance nacional que enfrenta al Gobierno de Rodrigo Paz con organizaciones campesinas, sindicatos obreros y movimientos sociales que exigen su renuncia.
Campesinos de Oruro, Potosí y el Trópico de Cochabamba se sumaron a organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país. Mineros, maestros rurales, trabajadores fabriles y dirigentes agrarios caminaron durante horas desde la Ceja de El Alto hasta las calles paceñas con un objetivo común: aumentar la presión sobre un Gobierno que consideran incapaz de resolver la crisis.
Muchos de ellos portaban banderas, pancartas y consignas contra el presidente. Otros llevaban palos, hondas, piedras y petardos. Los mineros, como ocurre tradicionalmente en las protestas bolivianas, hicieron estallar cargas de dinamita que resonaron entre los edificios del centro de la ciudad.
LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL FUE INMEDIATA
La Policía cerró los accesos a la plaza Murillo mediante varios anillos de seguridad y desplegó unidades antidisturbios equipadas con escudos, cascos y agentes químicos. Cuando algunos grupos intentaron avanzar hacia el centro político, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Durante varios minutos, las calles del casco histórico paceño se convirtieron en un escenario de enfrentamientos. Nubes de gas cubrieron avenidas y plazas mientras grupos de manifestantes retrocedían para reorganizarse y volver a intentar avanzar.
La tensión se incrementó aún más con la detención de Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Túpac Katari», una de las organizaciones más activas en las movilizaciones.
Videos difundidos posteriormente mostraron al dirigente siendo escoltado por efectivos policiales hacia un vehículo oficial. Su captura provocó indignación entre los manifestantes, que la interpretaron como un intento del Gobierno de debilitar el movimiento de protesta.
Horas antes de su aprehensión, Salazar había reiterado una consigna que se ha vuelto recurrente en las movilizaciones: que el presidente Rodrigo Paz debe dejar el cargo para permitir una salida a la crisis.
La protesta coincidió con un momento particularmente delicado para el Ejecutivo. El lunes, Paz promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que otorga un marco jurídico para aplicar medidas extraordinarias en situaciones de grave alteración del orden público. Aunque el Gobierno insiste en que mantiene abierta la vía del diálogo, la nueva legislación es vista por muchos sectores movilizados como una señal de endurecimiento.
El propio mandatario reiteró este miércoles que su administración mantiene las “manos abiertas” para conversar, pero advirtió que el Estado cuenta ahora con respaldo constitucional para actuar contra quienes recurran a la violencia.
La distancia entre ambas posiciones parece cada vez mayor. Mientras los manifestantes prometen mantener los bloqueos y las movilizaciones hasta lograr cambios políticos profundos, el Gobierno enfrenta crecientes presiones para restablecer el tránsito y garantizar el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.
Las consecuencias de la crisis ya se sienten en todo el país. Las filas para conseguir gasolina se extienden durante días. Productores alertan sobre riesgos de desabastecimiento. Transportistas permanecen varados en las carreteras y sectores empresariales calculan pérdidas millonarias.
En ese contexto, la jornada de este miércoles dejó una imagen que resume el momento que vive Bolivia: una multitud intentando abrirse paso hacia el centro del poder, policías lanzando gases para impedirlo y una crisis que, lejos de acercarse a una solución, parece avanzar hacia una confrontación cada vez más profunda.
