LA PAZ, 16 may (El Libre Observador) — En una declaración que intensifica la polarización política boliviana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró este jueves que la Policía aprehenderá a Evo Morales si aparece en La Paz este viernes, en cumplimiento de una orden judicial por un caso de trata de personas con agravante.
La advertencia fue lanzada en una conferencia de prensa en Santa Cruz, mientras una caravana de seguidores del exmandatario avanza hacia la sede de gobierno con la intención de inscribir su candidatura presidencial, pese a un reciente fallo constitucional que prohíbe su postulación.
“La justicia boliviana ha emitido un mandamiento de aprehensión en contra del señor Morales. Si él se presenta mañana en La Paz, se cumplirá con esa orden”, afirmó Del Castillo con tono categórico.
La sentencia a la que se refiere fue dictada el 5 de mayo, y ratificada por la Fiscalía General del Estado, que mantiene activa la orden de captura y la declaratoria de rebeldía tras la revocatoria de una anulación previa por parte de la jueza Lilian Moreno, hoy detenida por supuestas irregularidades en su actuación.
La caravana, que se transformó en alternativa a una anunciada marcha, partió hace días desde el trópico de Cochabamba y ya se encuentra en El Alto. Aunque Morales había anunciado que lideraría la movilización, no apareció públicamente en esta jornada.
Según su entorno, su ubicación es confidencial por razones de seguridad ante la posibilidad de su aprehensión. “No abandonaremos la batalla”, declaró el exmandatario días atrás, en un mensaje que desafía tanto a sus adversarios como a los recientes fallos judiciales.
El proceso que enfrenta Morales tiene raíces en una denuncia de 2020 por su presunta relación con una menor de edad en 2015, cuando aún era presidente. La imputación fue formalizada y el caso es impulsado por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), una entidad estatal que refuerza la postura del Gobierno de aplicar la ley sin contemplaciones, aunque los seguidores del líder cocalero ven en ello una persecución política disfrazada de legalidad.
En paralelo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió esta semana una sentencia clave: ningún ciudadano puede ejercer más de dos mandatos presidenciales, ni continuos ni discontinuos. Esta decisión, que responde a una demanda ciudadana por la alternancia en el poder, vuelve a bloquear las aspiraciones de Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, y cuya figura sigue polarizando al país.
Del Castillo, por su parte, aseguró que la caravana será controlada para evitar “acciones violentas” en su ingreso a La Paz. En ese contexto, informó sobre la aprehensión de varias personas en posesión de bastones policiales y material que calificó de “bélico”, aunque no precisó la cantidad de detenidos. Las fuerzas de seguridad han sido instruidas a mantenerse en estado de alerta máxima.
“¿Quién está movilizando a esta gente a la sede de Gobierno, si no es Morales?”, cuestionó Del Castillo, insinuando que la estrategia del exmandatario no busca la habilitación electoral sino generar inestabilidad con fines políticos. “No tiene partido, no está habilitado, no es posible su candidatura”, sentenció.
A tres meses de las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia vive días de tensión creciente. Lo que está en juego ya no es sólo la habilitación de un candidato, sino la legitimidad de las instituciones y la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley frente a un liderazgo que se resiste a abandonar la escena política. Morales, aún sin aparecer, vuelve a ser el epicentro de la disputa nacional.
