LA PAZ, 10 jun (El Libre Observador) — La confrontación política en Bolivia sumó este miércoles un nuevo capítulo después de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, respondiera con dureza al expresidente y opositor Jorge Tuto Quiroga por sus críticas al manejo de la crisis nacional y por sus cuestionamientos a la lucha gubernamental contra el narcotráfico, tras la reciente incautación de un cargamento de droga procedente de Bolivia en Chile.
La disputa ocurre en medio de la creciente tensión que vive el país tras más de 40 días de bloqueos de carreteras, protestas y problemas de abastecimiento que mantienen bajo presión al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Durante una conferencia de prensa en La Paz, Gálvez rechazó las declaraciones de Quiroga, quien en los últimos días insistió en que el Ejecutivo debe restablecer el orden y aplicar medidas más contundentes frente a los bloqueos que mantienen parcialmente aislada a la sede de Gobierno.
El vocero cuestionó especialmente los llamados del exmandatario a considerar la aplicación de un estado de excepción y recordó la crisis social ocurrida durante el Gobierno de Quiroga a comienzos de la década de 2000.
“Tuto insiste en aplicar el estado de excepción. Supongo que se refiere a la Guerra del Agua, cuando su gobierno dictó un estado de excepción que provocó muertes y cientos de heridos”, afirmó Gálvez.
Las declaraciones profundizan la confrontación entre el Gobierno y uno de los principales líderes de la oposición, quien en las últimas semanas ha acusado al Ejecutivo de actuar con demora frente a los bloqueos que afectan el suministro de combustibles, alimentos y medicamentos en varias regiones del país.
La polémica también alcanzó el terreno de la lucha antidroga. Quiroga había cuestionado en redes sociales la actuación gubernamental después de que autoridades chilenas reportaran la incautación de un cargamento de cocaína oculto en un embarque de madera procedente de Bolivia.
“A zonas de nuestro país no llega comida ni combustible, pero decenas y decenas de camiones de narco-madera se mueven a sus anchas”, escribió el exmandatario, quien además criticó la demora oficial en informar sobre el caso.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. Gálvez aseguró que el cargamento salió de Bolivia antes del inicio de la actual crisis y negó cualquier vínculo entre la droga decomisada y los acontecimientos políticos y sociales que atraviesa el país.
“El último embarque de madera llegó a uno de los puertos en mayo y no existe relación entre ese hecho y la actual convulsión social”, sostuvo.
El portavoz defendió además la estrategia gubernamental contra el narcotráfico y afirmó que la administración de Rodrigo Paz ha impulsado acciones para desarticular organizaciones criminales que, según dijo, operaron durante años en territorio boliviano.
“Hemos dado claras muestras de nuestro compromiso en la lucha contra este flagelo. Todo nuestro trabajo ha estado orientado a desmontar las estructuras que operaron durante 20 años”, señaló.
Más allá del intercambio de acusaciones, el Gobierno elevó el tono de sus denuncias al vincular la actual conflictividad social con intereses del narcotráfico.
Según Gálvez, organizaciones criminales habrían logrado infiltrarse en grupos violentos que participan en algunas de las movilizaciones y bloqueos registrados en el país.
“El fondo de todo este conflicto es el narcotráfico. Por eso financian grupos terroristas que, lamentablemente, se han infiltrado en las protestas sociales”, afirmó.
La acusación se suma a otras declaraciones recientes de autoridades gubernamentales que han advertido sobre la presencia de estructuras vinculadas al crimen organizado en algunos focos de protesta, una tesis que es rechazada por dirigentes sindicales y organizaciones sociales movilizadas.
El cruce verbal entre el Gobierno y Quiroga refleja la creciente polarización política que acompaña la crisis boliviana.
Mientras el Ejecutivo sostiene que enfrenta una ofensiva impulsada por grupos violentos y sectores ligados al narcotráfico, la oposición acusa a la administración de Paz de no haber logrado controlar los bloqueos ni garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
Con las carreteras aún parcialmente cerradas, movilizaciones activas en varias regiones y una economía afectada por semanas de conflicto, la disputa política continúa intensificándose en un escenario donde cada declaración alimenta una confrontación cada vez más abierta entre el oficialismo y sus principales adversarios.
