LA PAZ, 15 may (El Libre Observador) — La tensión política volvió a instalarse con fuerza en Bolivia. En medio de bloqueos, protestas y pedidos de renuncia que comienzan a cercar a su Gobierno apenas seis meses después de asumir el poder, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, pronunció este viernes uno de los discursos más duros desde el inicio de su gestión al acusar a sectores radicales de intentar “desmontar” la democracia y advirtió que quienes busquen quebrar el orden constitucional terminarán “en la cárcel”.
La frase cayó con el peso de una amenaza política en un país acostumbrado a las crisis recurrentes, los bloqueos carreteros y las disputas callejeras por el poder. Pero también reveló el tono de un Gobierno que empieza a dejar atrás el discurso conciliador de sus primeros meses para entrar en una etapa de confrontación abierta con sindicatos, organizaciones campesinas y grupos vinculados al viejo aparato político del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática”, dijo Paz durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026 en La Paz, en un acto que terminó convirtiéndose en una defensa frontal de su proyecto político.
Afuera del recinto, la realidad del país parecía contradecir el optimismo presidencial. Bolivia atraviesa semanas de creciente conflictividad social. La Central Obrera Boliviana (COB), sectores de los Ponchos Rojos, maestros urbanos, cooperativistas mineros y organizaciones sociales han intensificado sus movilizaciones para exigir respuestas frente al deterioro económico, la escasez de dólares y el aumento de la presión sobre el costo de vida.
En ese escenario, Paz decidió responder con un discurso de autoridad. “Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”, afirmó ante dirigentes políticos y representantes institucionales. La declaración fue interpretada por analistas locales como un mensaje directo hacia sectores ligados al antiguo oficialismo y a grupos movilizados que buscan desgastar al Ejecutivo.
El presidente intenta construir un relato político que divide el presente y el pasado. Según su visión, Bolivia todavía carga las estructuras heredadas de casi dos décadas de hegemonía del MAS, un periodo que, afirma, convirtió al Estado en una herramienta partidaria subordinada al liderazgo de un caudillo.
“Hemos pasado del partido único; ahora hay diversidad. Es un logro de la democracia”, sostuvo.
La crítica no es menor en un país donde el masismo moldeó durante años las instituciones públicas, la justicia y buena parte de las organizaciones sociales. Paz busca presentarse como el líder de una transición democrática que intenta desmontar esa arquitectura de poder sin provocar un colapso político. Pero la resistencia es fuerte y el margen económico cada vez más estrecho.
Bolivia enfrenta una combinación delicada: caída de reservas internacionales, presión cambiaria, desaceleración económica y desconfianza creciente hacia el sistema judicial. En las calles, la protesta social vuelve a convertirse en mecanismo de presión política, una dinámica histórica en el país andino.
En ese contexto, el mandatario habló de construir un “Estado fuerte”, aunque insistió en que no pretende reeditar los modelos de concentración política del pasado.
“Necesitamos un Estado fuerte que aplique la ley, pero una ley a la altura de la democracia que queremos diseñar”, afirmó.
Paz cuestionó además la vieja lógica política del “palo y zanahoria”, una fórmula que, según dijo, definió durante años las relaciones entre el poder y los movimientos sociales. Su apuesta, aseguró, pasa por construir consensos parlamentarios y aprobar reformas estructurales que incluyan una nueva Ley de Hidrocarburos, cambios en minería y una transformación profunda del sistema judicial.
Sin embargo, el desafío parece enorme. El Gobierno enfrenta presiones desde múltiples frentes y la polarización comienza a crecer en un país donde las fracturas políticas rara vez permanecen dentro de las instituciones.
La advertencia presidencial de encarcelar a quienes “destruyan” la democracia deja entrever que Bolivia entra en una etapa más áspera y menos dialogante. En un país donde la calle históricamente ha decidido el destino de los gobiernos, la batalla por controlar el relato democrático recién empieza.
