SUCRE, 23 abr (El Libre Observador) – A medida que Bolivia se aproxima a una de las elecciones generales más cruciales de su historia reciente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha encendido una señal de alarma este miércoles que resuena en todo el aparato estatal: jueces que emitan fallos que pongan en entredicho la ruta electoral enfrentarán consecuencias legales.
En un país marcado por las tensiones institucionales y la desconfianza política, el pronunciamiento del máximo órgano judicial marca un punto de inflexión en la defensa del proceso democrático.
Mediante el instructivo 07/2025, el TSJ expresó su respaldo explícito al calendario electoral previsto para el 17 de agosto y recordó a todos los jueces del país que su deber no es con intereses particulares, sino con el pueblo.
“No debemos ser cómplices de intereses mezquinos que ponen en riesgo la democracia”, advirtió con tono solemne el presidente del TSJ, Romer Saucedo. Sus palabras, pronunciadas desde la sede judicial en Sucre, no solo evocaron la memoria de una democracia recuperada con sacrificio, sino que trazaron una línea roja para la actuación del poder judicial.
La preocupación del TSJ no es infundada. Bolivia ya ha vivido la postergación de sus elecciones judiciales en 2024, y sobre la votación de este año penden al menos seis recursos de constitucionalidad, tres de ellos ya presentados formalmente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Aunque estas acciones buscan, entre otros objetivos, ampliar la representación indígena y garantizar binomios presidenciales paritarios, el TSJ teme que una judicialización excesiva y selectiva del proceso electoral pueda derivar en una nueva paralización del sufragio.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia César Siles ha intentado calmar los ánimos, indicando que cualquier cambio derivado de un fallo del TCP regirá recién para elecciones futuras. Pero el antecedente de 2024 y la politización rampante del sistema judicial mantienen viva la inquietud de que las urnas de agosto puedan verse afectadas.
El pronunciamiento del TSJ se posiciona, así como un intento por blindar el proceso democrático, en medio de un escenario político cargado de incertidumbre. La exhortación a jueces de “actuar con conciencia y responsabilidad” no es solo un llamado ético, sino un posicionamiento institucional frente a una coyuntura que amenaza con repetirse: la del poder judicial convertido en actor decisivo de la disputa política.
Mientras el TCP, como órgano autónomo, analiza las acciones constitucionales en curso, el TSJ ha dejado claro que sus competencias serán ejercidas con firmeza. “Hay un pueblo que quiere ir a las urnas, que quiere ejercer su derecho democrático, y será el pueblo boliviano el que defina”, concluyó Saucedo, reafirmando la línea de defensa institucional.
En Bolivia, donde las tensiones entre justicia y política parecen caminar en paralelo, el veredicto más importante se espera en las calles y en las urnas.
