LA PAZ, 17 ene (El Libre Observador) – En una jornada crucial para la estabilidad judicial de Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, ratificó con firmeza este miércoles la “legalidad y constitucionalidad” de la prórroga de mandato para los magistrados del Órgano Judicial.
La medida, aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en diciembre de 2023, ha generado un intenso debate político y movilizaciones, especialmente entre sectores vinculados al expresidente Evo Morales.
Durante una conferencia de prensa, Jaimes destacó la legalidad y constitucionalidad de la prórroga, desestimando las críticas de algunos sectores políticos y opositores en el Legislativo. “De ninguna manera podemos pensar en una renuncia”, enfatizó, argumentando la obligación de cumplir con una resolución constitucional vinculante, como lo establece la declaración 49.
El presidente del TSJ descartó categóricamente la posibilidad de su renuncia, subrayando que abandonar sus funciones generaría un “vacío de poder” en el Órgano Judicial, con consecuencias perjudiciales para la estabilidad del país.
Enfatizó que dicho vacío pondría en riesgo la institucionalidad y los derechos de los ciudadanos, responsabilidad fundamental del Tribunal Supremo de Justicia.
La prórroga de mandato, emanada por el TCP en diciembre de 2023, ha sido objeto de controversias y movilizaciones, principalmente impulsadas por sectores afines a Evo Morales y de los seguidores del líder opositor del gobernador Luis Fernando Camacho.
El TCP también dictaminó que la reelección presidencial no constituye un derecho humano, invalidando así una nueva postulación de Morales. Además, emitió una resolución que ordena que asuma el vicegobernador Mario Aguilera en lugar de Camacho que se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro.
Jaimes abordó las críticas hacia la sentencia del TCP, al señalar que la mayoría son de índole política y no jurídica, haciendo referencia a los cuestionamientos de sectores sociales vinculados a Morales y al gobernador Camacho.
Además, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar de manera inmediata a la preselección de candidatos y a elecciones democráticas para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, dentro de sus atribuciones constitucionales.
