LA PAZ, 22 dic (El Libre Observador) – El desenlace de una saga política en Bolivia toma forma con la conclusión de las investigaciones dentro del caso conocido como «Golpe de Estado I», que marcó el fin del mandato del expresidente Evo Morales en 2019.
La Fiscalía de La Paz ha formalizado las acusaciones, anunciando un juicio previsto para 2024 que involucra a prominentes figuras políticas, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez, el líder opositor Luis Fernando Camacho, exministros y exjefes militares y policiales.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que el requerimiento conclusivo marca el cierre de la investigación y señala la obtención de elementos para acusar a los implicados por determinados delitos.
Alave anticipó que se pedirán para cada caso años de cárcel de aquellos con evidencia incriminatoria.
Camacho se encuentra bajo detención preventiva desde fines de 2022, siendo procesado por este caso. Alave prevé que el juicio comience en 2024, considerando la actual pausa judicial por vacaciones.
El proceso, que abarca tres años de indagación desde 2020, surge de la denuncia de la exdiputada Lidia Patty por terrorismo. A medida que el tiempo avanza, nuevas pruebas y casos se han presentado, evidenciando una trama compleja.
En paralelo, Áñez cumple una sentencia de 10 años en relación con el «Golpe de Estado II», encontrándose detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz. En los últimos meses, varios imputados han admitido su culpabilidad y se han sometido a juicios abreviados, mientras otros, como los excomandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, se hallan en rebeldía, presuntamente fuera del país.
La Fiscalía sostiene que existió coordinación entre Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas para destituir a Evo Morales de la presidencia boliviana. Este caso, que ha generado controversia y agitación política, ha llegado a una etapa crucial con la inminencia de un juicio que podría definir el destino político de varios líderes clave del país.
