LA PAZ, 19 mar (El libre Observador) — La detención de Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, ha abierto un nuevo capítulo en la ya tensa escena política boliviana, donde la lucha contra la corrupción se entrelaza con disputas de poder y el desgaste de un ciclo político que marcó la última década.
El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público solicitará su detención preventiva en una cárcel pública, al considerar que existen indicios suficientes de delitos como legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y posible daño económico al Estado. A esto se suman los argumentos habituales en este tipo de procesos: riesgo de fuga y posibilidad de interferencia en la investigación.
La captura se produjo el miércoles en Equipetrol, una de las zonas más exclusivas de Santa Cruz, en un operativo que, según la versión oficial, se activó cuando el investigado intentaba evadir a las autoridades. En su domicilio se encontraron sumas de dinero en efectivo, 16.000 dólares y 40.000 bolivianos, además de vehículos de alta gama, elementos que alimentan las sospechas sobre un patrimonio difícil de justificar.
Pero lo que comenzó como una investigación individual ha ido ampliándose rápidamente. La Fiscalía confirmó que el caso alcanza al entorno familiar, tras identificar movimientos financieros considerados “relevantes”. Entre los mencionados figuran su hermano Rafael Arce, sobre quien pesa una orden de captura internacional en trámite, y Camila Arce, cuyo paradero no ha sido precisado.
El nombre del propio expresidente también aparece en el radar del proceso, lo que eleva el impacto político del caso en un país donde la frontera entre justicia y disputa política suele ser objeto de debate público.
La investigación se sustenta en reportes policiales y financieros que alertaron sobre movimientos económicos inusuales. A partir de esos indicios, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción articuló operativos con la Policía Boliviana que derivaron en la aprehensión del principal acusado, quien ahora aguarda su audiencia cautelar.
El expediente, sin embargo, no se limita a un solo frente. Arce Mosqueira enfrenta al menos otras dos investigaciones. Una de ellas, conocida como el caso “Adán y Eva”, indaga la presunta adquisición irregular de un predio valuado en 3,3 millones de dólares en Santa Cruz. Otra apunta a un patrimonio estimado en más de 750.000 dólares en La Paz, cuyo origen permanece bajo escrutinio.
A esto se suma una tercera línea investigativa relacionada con movimientos económicos que rondarían los 7 millones de bolivianos y la transferencia de varios bienes inmuebles en la pasada gestión.
Más allá de los detalles judiciales, el caso irrumpe en un momento delicado para Bolivia. La fragmentación política, el desgaste del oficialismo y la creciente desconfianza en las instituciones configuran un escenario en el que cada proceso judicial adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente legal.
Para algunos sectores, la investigación representa una señal de que la justicia avanza sin distinciones. Para otros, abre interrogantes sobre posibles usos políticos del sistema judicial. En ese equilibrio frágil se mueve un país que, a pocos días de elecciones subnacionales, observa cómo un caso de presunta corrupción vuelve a colocar a sus élites en el centro del escrutinio público.
