COCHABAMBA, 19 nov (El Libre Observador) — Una tragedia que sacudió a la región central de Bolivia ha salido a la luz este martes. Cinco personas secuestradas la semana pasada en la comunidad de Pucamayu, en Corani Pampa en el departamento de Cochabamba, fueron torturadas y brutalmente asesinadas, informó este martes el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
Entre las víctimas se encontraban un militar, un taxista y tres familiares que intentaron negociar su liberación.
El hallazgo de una fosa común donde se encontraban cuatro de los cuerpos marcó un giro devastador en la investigación.
La quinta víctima, según las autoridades, fue obligada a cavar su propia tumba antes de ser asesinada. «Este crimen no tiene justificación en ninguna práctica de justicia comunitaria. Es un acto delictivo desde su concepción», afirmó Aguilera en conferencia de prensa.
UN SECUESTRO ENVUELTO EN TRÁFICO DE ARMAS
El caso comenzó el pasado 12 de noviembre cuando Cristian S., un militar de la Fuerza Aérea, contrató los servicios del taxista Thadhashy Félix Loroña M. para un viaje hacia su regimiento militar. Ambos fueron retenidos por comunarios bajo la acusación de estafa en una presunta negociación de armas ilegales.
En un desesperado intento de resolver la situación, el conductor se comunicó con su esposa, Trinidad M., solicitándole 27.800 bolivianos para asegurar su liberación. Ella acudió al lugar acompañada de su hermana Auristela L. y un amigo exmilitar, Carlos Román M., pero todos fueron asesinados tras entregar el dinero.
“El trasfondo de esta operación sigue siendo incierto, pero el tráfico de armas es una actividad ilegal con implicaciones graves para la seguridad de la región”, comentó Aguilera.
La investigación ha revelado una red de complicidad que trasciende a los autores materiales del crimen. Aguilera denunció la implicación de alcaldes, subalcaldes y dirigentes comunales en el encubrimiento y posible planificación del delito.
“Tenemos identificadas a las personas responsables, incluidos funcionarios que intentaron desviar la atención enterrando los cuerpos en otra jurisdicción para inculpar a otros municipios”, señaló.
Las autoridades ahora enfrentan el desafío de desentrañar no solo la autoría material, sino también el financiamiento y el encubrimiento de un crimen que pone de manifiesto los conflictos entre la ley estatal y las dinámicas de justicia comunitaria en áreas rurales.
Con una persona aprehendida y otras plenamente identificadas, las familias de las víctimas claman por justicia. El caso no solo ha conmocionado a Cochabamba, sino que también ha encendido el debate nacional sobre el abuso de poder y la debilidad institucional frente a la delincuencia organizada.
