SUCRE, 27 nov (El Libre Observador) — En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el gobierno de Evo Morales.
La medida responde a acusaciones graves que vinculan al exjefe policial con delitos de narcotráfico y manejo de armas.
La resolución, aprobada por siete de los nueve magistrados del TSJ, da luz verde a un proceso que ha generado expectación tanto en Bolivia como en el ámbito internacional.
«Tras revisar exhaustivamente la documentación y las pruebas presentadas vía diplomática, el Tribunal ha determinado proceder con la extradición del señor Dávila de manera inmediata», anunció el presidente del TSJ, Marco Jaimes.
Maximiliano Dávila fue uno de los principales responsables de la lucha antidrogas durante el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, Estados Unidos lo acusa de liderar actividades de tráfico internacional de drogas y de utilizar armas con fines relacionados al narcotráfico, cargos que en ese país podrían significarle condenas de hasta cadena perpetua.
La gravedad del caso quedó reflejada en la recompensa de 5 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofreció por información que llevara a su captura. En Bolivia, Dávila enfrenta acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas, que lo mantienen detenido en el penal de San Pedro desde 2022.
El TSJ justificó la extradición argumentando que los delitos imputados en Estados Unidos conllevan penas significativamente más severas que las que enfrenta en Bolivia. «La extradición no solo responde a un pedido formal, sino a la necesidad de hacer justicia en un caso de alto impacto internacional», explicó Jaimes.
El caso de Dávila expone fisuras en las instituciones de seguridad bolivianas, al tiempo que despierta preguntas sobre posibles redes de complicidad durante su gestión al frente de la FELCN. Desde la oposición, algunos líderes han señalado esta extradición como una prueba de la corrupción estructural en la lucha contra el narcotráfico en el pasado.
Por otro lado, la decisión del TSJ refuerza la cooperación judicial entre Bolivia y Estados Unidos, una relación que en ocasiones ha sido tensa debido a las diferencias ideológicas y políticas entre ambos países.
El próximo paso será la notificación oficial a las partes implicadas, incluyendo la preparación del mandamiento de extradición. Con este movimiento, Bolivia da un mensaje contundente sobre su disposición a colaborar en la lucha internacional contra el narcotráfico, aunque el desenlace del caso sigue generando interrogantes sobre sus implicaciones internas y externas.
