LA PAZ, 6 feb (El Libre Observador) — La disputa por el Presupuesto General del Estado 2025 (PGE) ha escalado a un nuevo nivel de confrontación política en Bolivia. El gobierno de Luis Arce denunció este jueves un «sabotaje conspirativo» tras la aprobación en el Senado, dominado por la oposición, de un proyecto de ley que deroga 11 artículos y cinco disposiciones del PGE, una decisión que, según el Ejecutivo, pone en riesgo la estabilidad económica del país.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, lideró la respuesta del gobierno y acusó a la mayoría de los senadores de atentar contra la capacidad financiera del Estado. «Han aprobado un proyecto de ley para estrangular la economía nacional. Con el pretexto de derogar la disposición séptima (sobre decomisos y confiscaciones), eliminaron varias medidas clave para la estabilidad financiera», afirmó en conferencia de prensa.
El proyecto de ley, aprobado en grande y en detalle por el Senado, elimina mecanismos esenciales de financiamiento, entre ellos la posibilidad de emisión de bonos soberanos, bonos de carbono y otros instrumentos financieros que el gobierno considera fundamentales para sostener la inversión pública y garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales.
Según Montenegro, la decisión también afecta incentivos para la industrialización, incluyendo reducciones arancelarias y beneficios tributarios dirigidos a sectores clave como el agropecuario y el minero. «Más de 50.000 contribuyentes están en peligro debido a la eliminación de estas facilidades de pago», alertó.
Además, la derogación podría impactar negativamente en la producción de biodiésel, el acceso a viviendas sociales y la subvención de alimentos e hidrocarburos. También pondría en riesgo la estabilidad financiera de entidades públicas, universidades y gobiernos locales.
Para el Ejecutivo, esta medida responde a una estrategia política de la oposición en el Senado, a quienes acusa de bloquear la gobernabilidad. «No quieren que la política económica salga adelante. Han utilizado la disposición séptima como excusa para cercenar el PGE y afectar la estabilidad del país», sostuvo Montenegro.
El proyecto de derogación ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayor representación y podría revertir la decisión del Senado. Sin embargo, la tensión política anticipa un escenario de intensos debates y posibles movilizaciones sociales.
El gobierno ya ha advertido que recurrirá a todos los mecanismos legales para evitar que el presupuesto sea desmantelado. «Haremos respetar la voluntad del pueblo, que eligió a Luis Arce con el 55% de los votos. No permitiremos que se atente contra la estabilidad económica y social del país», concluyó Montenegro.
