LA PAZ, 12 sep (El Libre Observador) — La sombra de las masacres de Senkata y Sacaba vuelve a proyectarse sobre Bolivia. Seis años después de aquellas jornadas de represión que dejaron al menos 37 muertos y decenas de heridos en noviembre de 2019, la anulación de procesos judiciales contra policías y militares ha encendido las alarmas de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ambas instituciones advierten un “riesgo de impunidad” que amenaza con reabrir heridas aún frescas en la memoria colectiva del país andino.
El pronunciamiento conjunto, difundido este viernes, cuestiona las recientes resoluciones judiciales que declararon nulos los procesos por “incompetencia en materia” en los casos Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
Para las organizaciones internacionales, la medida representa “un retroceso en la búsqueda de justicia adecuada para las víctimas” y “una revictimización” de quienes perdieron familiares en los enfrentamientos posteriores a la renuncia de Evo Morales.
En un barrio popular de El Alto, doña María Quispe, madre de un joven de 23 años fallecido en Senkata, recibe la noticia con desconsuelo: “Dicen que ya no habrá juicio, que los culpables quedan libres. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso nuestra sangre no vale?”. Sus palabras condensan la frustración de decenas de familias que sienten que la justicia boliviana les da la espalda.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, también levantó la voz. En declaraciones a la prensa sostuvo que la decisión judicial “compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado” y significa “un retroceso para las víctimas”. “No se trata solo de sancionar a quienes apretaron el gatillo —añadió— sino también a quienes facilitaron o permitieron que los hechos ocurrieran”.
El trasfondo político es inevitable. Las masacres ocurrieron en medio de una transición turbulenta, cuando la entonces presidenta interina Jeanine Áñez autorizó operativos militares y policiales para controlar las protestas que estallaron tras la salida de Morales. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos a pedido del propio Estado boliviano, concluyó que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y graves violaciones de derechos humanos.
El informe del GIEI, junto con las recomendaciones de la CIDH y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pedía avanzar en juicios para garantizar verdad, justicia y reparación. Sin embargo, la reciente decisión de anular procesos amenaza con convertir esos compromisos en letra muerta.
Para los abogados de las víctimas de Sacaba, la resolución judicial equivale a un “boicot institucional”: “El mensaje es que quienes murieron no importan. Pero nosotros seguiremos insistiendo. No se puede construir democracia sobre la impunidad”.
La comunidad internacional observa con inquietud. Tanto la ONU como la CIDH instaron al Estado boliviano a garantizar que los procesos se reencaucen sin más dilaciones. “Es fundamental evitar demoras que favorezcan la impunidad”, subraya el comunicado.
En un país marcado por tensiones políticas recurrentes, la posibilidad de que los responsables de Senkata y Sacaba queden sin sanción amenaza con alimentar un sentimiento de injusticia estructural. “Si estos casos se archivan, será como decir que aquí nadie responde por matar a su propio pueblo”, sentencia la señora Quispe, con la foto de su hijo entre las manos.
