LA PAZ, 11 may (El Libre Observador) — El expresidente boliviano Evo Morales fue declarado este lunes “rebelde” por la Justicia de Bolivia tras no presentarse al inicio de un juicio por trata de personas agravada, una decisión que profundiza la crisis política alrededor del exmandatario y vuelve a sacudir al país andino en medio de semanas de protestas y creciente polarización.
La audiencia se instaló en la ciudad sureña de Tarija bajo fuertes medidas de seguridad, pero Morales y sus abogados no acudieron al tribunal. Ante la ausencia, el juez Carlos Oblitas dispuso su declaratoria de rebeldía, medida que implica una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales.
Policías bloquearon accesos al edificio judicial y restringieron el ingreso de personas mientras simpatizantes y detractores del exgobernante seguían la audiencia en medio de tensión.
La Fiscalía acusa a Morales de trata de personas agravada por una presunta relación con una adolescente de 15 años, de la cual habría nacido una hija. Según el expediente fiscal, la joven reside actualmente en Argentina junto a la menor y su madre, ambas bajo condición de refugiadas.
El Ministerio Público aseguró haber reunido más de 170 pruebas dentro de la investigación y afirmó que todas las notificaciones fueron realizadas conforme al procedimiento legal.
Morales rechaza las acusaciones y denuncia una persecución política. Su defensa sostiene que el caso carece de fundamento porque la presunta víctima nunca presentó una denuncia directa. Horas antes de la audiencia, la emisora sindical Kawsachun Coca difundió un documento atribuido a la joven en el que niega la existencia de delito.
El exmandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y aún conserva una fuerte influencia entre sindicatos campesinos y cocaleros, permanece desde noviembre de 2024 en el Chapare, su principal bastión político en el departamento de Cochabamba, evitando salir ante el riesgo de ser detenido.
La declaratoria de rebeldía representa uno de los golpes judiciales más duros contra Morales desde que dejó el poder tras la crisis política de 2019, cuando denunció un “golpe de Estado” en su contra y salió temporalmente del país.
El caso también profundiza las divisiones dentro de la izquierda boliviana y añade tensión a un escenario político ya marcado por protestas sociales, bloqueos de carreteras y reclamos económicos contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Para sus seguidores, Morales enfrenta una estrategia de persecución judicial similar a la aplicada contra otros líderes progresistas de América Latina. Sus detractores, en cambio, consideran que el exgobernante debe responder ante la Justicia por acusaciones que durante años permanecieron sin avanzar.
La decisión judicial vuelve a colocar a Morales en el centro de la escena política boliviana, aunque esta vez lejos de la presidencia y bajo la amenaza de una orden de captura que podría redefinir el futuro del líder más influyente del país en las últimas dos décadas.
