LA PAZ, 26 jun (El Libre Observador) — Desde los salones del Legislativo en La Paz, el ministro boliviano de Economía, Marcelo Montenegro, compareció este jueves con el gesto firme y los números en mano. A su lado, una narrativa que suena familiar en tiempos de turbulencia: la economía está herida, pero no derrotada. Su mensaje, sin embargo, tenía un destinatario particular: los mercados internacionales. “Estamos pagando la deuda externa de manera puntual y oportuna”, enfatizó.
La afirmación llega en un momento delicado para Bolivia. Esta semana, la agencia Standard & Poor’s rebajó nuevamente su calificación crediticia de largo plazo, pasándola de ‘CCC+’ a ‘CCC-’. Es una nota que deja al país a un paso del default técnico. El argumento central: una creciente incertidumbre política que limita la capacidad del Gobierno para corregir los desequilibrios macroeconómicos.
La advertencia no es nueva, pero sí cada vez más sonora. Las dificultades para acceder a financiamiento externo —en parte por las disputas en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo está fragmentado y sin mayoría clara— han impactado directamente en la inversión pública, una de las piezas clave del modelo económico que Bolivia impulsó desde mediados de los 2000, durante el auge del llamado “ciclo progresista”.
DE LA BONANZA A LA FRAGILIDAD
Para entender la magnitud del presente desajuste, hay que retroceder. Entre 2006 y 2014, Bolivia vivió su época dorada. Los precios internacionales de las materias primas, especialmente el gas natural, financiaron un crecimiento sostenido que combinaba redistribución del ingreso con disciplina fiscal.
Fue entonces cuando el Gobierno de Evo Morales consolidó su modelo de nacionalización de recursos, subsidios cruzados y fuerte inversión estatal.
Ese modelo —bautizado como “social-comunitario productivo”— resistió incluso los embates del contexto internacional adverso tras 2014. Pero desde la crisis institucional de 2019, tras la renuncia forzada de Morales y la posterior transición, la economía boliviana no ha logrado recuperar plenamente su equilibrio.
Con Luis Arce, exministro de Economía y supuesto cerebro técnico de la bonanza, de vuelta en la presidencia desde 2020, el plan oficial fue claro: relanzar el modelo con ajustes.
Sin embargo, la polarización política —agudizada por las tensiones entre el presidente y el expresidente Morales, que mantiene un fuerte bloque en el Legislativo— ha entorpecido toda posibilidad de reforma estructural.
Y la factura se acumula. A abril de 2025, según datos oficiales, Bolivia ya ha desembolsado el 38% del total de deuda externa programada para el año, equivalente a 585 millones de dólares. Sin embargo, la negativa del Parlamento a aprobar nuevos préstamos ha generado una salida neta de capitales de 1.337 millones de dólares, según reconoció el propio Ministerio de Economía.
EL BLOQUEO LEGISLATIVO Y EL EFECTO DOMINÓ
El Gobierno culpa al “asedio político” y a los bloqueos legislativos como los factores que más han deteriorado su perfil crediticio. No sin razón: organismos como el Banco Mundial, la CAF o el BID han suspendido o congelado proyectos claves a la espera de ratificación parlamentaria. La parálisis del Legislativo ha frenado al menos 20 operaciones financieras desde 2023, en sectores que van desde infraestructura vial hasta salud y energía.
“El problema político le ha golpeado al tema económico”, repitió Montenegro, quien insiste en que los fundamentos siguen siendo sólidos.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que no hay atrasos en pagos ni señales de iliquidez. Además, se destacan operaciones de reestructuración —como la conversión de moneda de parte de la deuda y la recompra parcial de bonos soberanos en 2022— que habrían permitido reducir riesgos futuros.
Pero las advertencias de las calificadoras no se centran solo en el presente. Standard & Poor’s ve riesgos especialmente a partir de 2026, cuando se concentran pagos relevantes de deuda comercial y soberana. Con acceso limitado a mercados externos, las opciones se reducen. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo (dólar blue) sigue ampliándose, mientras las reservas internacionales netas continúan a la baja.
¿UN MODELO AGOTADO?
Más allá de la coyuntura política, la pregunta de fondo es si el modelo boliviano —que durante años fue exhibido como ejemplo de crecimiento inclusivo en la región— puede sostenerse en condiciones actuales. Sin ingresos extraordinarios por hidrocarburos, con una economía más abierta a las importaciones que a la producción interna, y con un déficit fiscal persistente, los márgenes de maniobra se estrechan.
La persistente dependencia del Estado para sostener la demanda interna contrasta con la limitada capacidad recaudatoria y el creciente costo del servicio de deuda. Sin una reactivación de las exportaciones o una reforma impositiva de fondo, Bolivia puede enfrentarse a una década de bajo crecimiento estructural, alertan economistas independientes.
Y todo esto ocurre en año preelectoral. Con Evo Morales anunciando su candidatura para 2025 y el MAS dividido, el horizonte político se presenta como un terreno minado. La incertidumbre sobre la continuidad del modelo y la falta de consensos básicos para sostener políticas económicas de mediano plazo configuran un escenario volátil.
ENTRE LA SOLVENCIA Y EL RIESGO
Bolivia, por ahora, paga. Pero lo hace en medio de un clima interno cada vez más áspero, donde la economía se ha vuelto rehén de la política. El Gobierno insiste en su solvencia, pero las dudas sobre su capacidad para responder a los compromisos futuros, sin crédito fresco ni reformas profundas, crecen.
La historia reciente enseña que los países no caen en default solo por no tener dinero, sino por no lograr acuerdos. Y ese parece ser, hoy por hoy, el principal riesgo boliviano. La economía, como bien dijo el ministro Montenegro, no se disocia de la política. Pero en Bolivia, cuando una se tambalea, la otra suele ir detrás.
