LA PAZ, 23 may (El Libre Observador) — En medio de crecientes denuncias por el alza de precios y escasez de productos de la canasta básica, el Gobierno boliviano anunció este viernes una serie de medidas urgentes para enfrentar el contrabando de alimentos y la especulación comercial. El foco principal: reforzar la vigilancia en las zonas fronterizas e intensificar los operativos en mercados locales.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que el Ejecutivo aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes desvíen alimentos esenciales hacia países vecinos, así como contra comerciantes e intermediarios que retengan productos o inflen los precios artificialmente.
“Vamos a ser más fuertes, más contundentes con el control. Que después no vengan a llorar a sus gremios”, advirtió el funcionario en una declaración sin rodeos.
Flores denunció que el aceite comestible —uno de los productos más buscados por los consumidores bolivianos— está siendo objeto de acopio ilícito, ocultamiento en domicilios particulares y posterior salida en pequeñas cantidades a través de pasos no autorizados, en lo que se conoce como contrabando hormiga.
La situación es especialmente crítica en regiones fronterizas con Perú, Brasil y Argentina, donde las diferencias de precios incentivan el tráfico ilegal.
El fenómeno no se limita al aceite. Según el Ministro, se han detectado intentos de contrabando incluso de ganado vivo, arreado a pie a través de rutas rurales y zonas de difícil acceso. Esta práctica pone en riesgo tanto la economía agrícola como el abastecimiento interno.
“El Gobierno no permitirá que los contrabandistas afecten la alimentación del pueblo”, recalcó Flores, al tiempo que confirmó que se desplegará mayor personal, nuevos vehículos y tecnología para reforzar los puntos de control fronterizo. A esto se suma un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas, la Policía y la Aduana Nacional.

En cuanto a los operativos en centros de abasto y mercados municipales, el Gobierno apuntó responsabilidades hacia los gobiernos locales, aunque anunció un incremento de personal del Viceministerio de Defensa del Consumidor para apoyar la fiscalización. “No podemos permitir la especulación cuando el país tiene capacidad de producción suficiente”, agregó Flores.
Bolivia atraviesa una coyuntura económica compleja, marcada por escasez de divisas, tensión en los mercados y creciente presión social. En este contexto, el control del abastecimiento de alimentos se ha convertido en un tema sensible y estratégico. Las autoridades aseguran que el presidente Luis Arce presentará en los próximos días un paquete integral de medidas para garantizar la seguridad alimentaria y frenar las distorsiones del mercado.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca anticiparse a posibles escenarios de mayor descontento social y demostrar capacidad de respuesta ante un fenómeno que, históricamente, ha sido caldo de cultivo para la conflictividad interna. Las próximas semanas serán clave para evaluar la eficacia de los controles y la voluntad del Gobierno de imponer orden donde antes imperaba la permisividad.


