LA PAZ, 27 jun (El Libre Observador) — En un país donde la escasez de dólares se ha vuelto parte del paisaje cotidiano y la economía transita con sigilo entre la incertidumbre y la adaptación, el panorama complejo empujó a que las operaciones con activos virtuales en Bolivia crecieron más de 532% en apenas un semestre. Lo que parecía marginal hace algunos años, hoy representa un nuevo canal financiero que ha movido más de 430 millones de dólares desde junio de 2024 hasta el mismo mes de 2025.
La cifra, revelada por el Banco Central de Bolivia (BCB) este viernes, no solo impresiona por su magnitud, sino por el momento en que se produce. Bolivia atraviesa una de sus peores crisis de divisas desde inicios del siglo XXI. Las reservas internacionales netas han caído a mínimos históricos, las importaciones se frenan por falta de liquidez en moneda extranjera, y el sistema bancario enfrenta presiones inéditas por la creciente demanda de dólares. Esto generó las condiciones para adquirir USDT o USDC.
En ese contexto, el uso de activos virtuales –instrumentos digitales que permiten realizar transacciones financieras sin pasar por los canales tradicionales– ha dejado de ser una rareza tecnológica para convertirse en una válvula de escape ante las restricciones del sistema financiero formal. Desde pagos de remesas hasta compras al exterior, los ciudadanos y pequeñas empresas han encontrado en estos instrumentos una herramienta rápida, accesible y, sobre todo, funcional.
DEL DATO AL FENÓMENO
Según el informe del BCB, las transacciones con activos virtuales pasaron de 46,5 millones de dólares en el primer semestre de 2024 a 294 millones en igual periodo de 2025. Y si se toma en cuenta el acumulado desde la aprobación de la Resolución de Directorio N.º 082/2024, el monto alcanza los 430 millones de dólares entre junio de 2024 y junio de 2025.
En paralelo, el número de operaciones dentro del sistema financiero regulado se multiplicó por doce, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con más de 10.000 transacciones que totalizaron unos 88 millones de dólares.
Estas cifras hablan de un cambio estructural que va más allá de lo coyuntural: la digitalización financiera está ocurriendo de facto, incluso en un entorno donde la penetración bancaria y la infraestructura tecnológica aún presentan grandes brechas.
TECNOLOGÍA Y CRISIS: UNA ALIANZA INESPERADA
El crecimiento del uso de activos virtuales no puede explicarse sin el telón de fondo político y económico. Desde 2022, Bolivia arrastra una crisis silenciosa de balanza de pagos, agravada por la caída de la producción de gas natural, que fue durante años el principal generador de divisas. Las exportaciones mineras no han logrado compensar esa pérdida, mientras que el tipo de cambio oficial permanece artificialmente anclado, generando un mercado negro creciente y presión sobre los importadores.
En este escenario, las plataformas digitales que permiten operar con criptomonedas, activos tokenizados y monedas estables vinculadas al dólar han ganado terreno entre empresarios, migrantes y comerciantes. “La resolución busca facilitar actividades comerciales y permitir transferencias al exterior a costos más competitivos”, explicó el BCB en su comunicado.
Pero también se trata de una necesidad estratégica para el Gobierno. Frente al agotamiento del modelo económico basado en el control estatal y la redistribución vía renta hidrocarburífera, las autoridades han comenzado a explorar opciones no convencionales para mantener operativa la economía sin desmontar el sistema vigente. La digitalización financiera emerge, así como una forma de modernizar sin liberalizar abruptamente.
EDUCACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL
El auge digital ha obligado al Estado a adaptarse. El BCB ha intensificado su Plan de Educación Económica y Financiera, con talleres y campañas que explican los riesgos, beneficios y mecanismos de los activos virtuales. La prioridad, según la entidad, es evitar fraudes, burbujas especulativas y un uso irresponsable de estas herramientas.
El perfil de los usuarios revela una participación mayoritaria de personas naturales (86%), con predominancia masculina (77%). Esto evidencia tanto la apropiación ciudadana como los desafíos pendientes en términos de inclusión y equidad digital.
Para acompañar este proceso, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5384, que regula la actividad de las llamadas Empresas de Tecnología Financiera (Fintech), establece marcos legales para la tokenización de activos, la tecnología blockchain y la creación de la figura del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). El objetivo: ordenar el ecosistema sin reprimir la innovación.
¿REVOLUCIÓN FINANCIERA O SOLUCIÓN TRANSITORIA?
El uso masivo de activos virtuales plantea una paradoja. Por un lado, Bolivia se posiciona como uno de los países latinoamericanos con mayor dinamismo reciente en el uso de tecnologías financieras. Por otro, ese crecimiento está impulsado por una crisis que podría agravarse si no se estabiliza el acceso a divisas.
“El empleo de activos virtuales es una apuesta estratégica para la modernización económica del país, pero requiere una ciudadanía informada y un monitoreo constante”, advirtió el Banco Central.
En el corto plazo, estas herramientas permiten aliviar tensiones, facilitar comercio exterior y evitar una mayor paralización de la economía. Pero no resuelven por sí solas los problemas estructurales: dependencia de las materias primas, baja productividad, informalidad y fragilidad fiscal.
Lo digital avanza, pero la realidad material —la que circula en mercados, talleres, fábricas y fronteras— sigue exigiendo soluciones más allá del algoritmo. En ese sentido, los activos virtuales son tanto un síntoma de modernización como de vulnerabilidad. En Bolivia, como en otros países de la región, el futuro ya llegó, pero llegó en modo de emergencia.
