LA PAZ, 16 sep (El Libre Observador) — El gobierno de Bolivia salió este martes al paso de las observaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre su política antidrogas, en un episodio que revive la larga disputa entre ambos países por la legitimidad de los modelos de lucha contra el narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, calificó el informe estadounidense como “sesgado y sin valor técnico” y exhibió cifras históricas de decomisos de droga como prueba de un compromiso estatal inquebrantable.
La reacción no sorprende en un país que desde 2008, tras la expulsión de la agencia antidrogas DEA por parte del entonces presidente Evo Morales, ha defendido un modelo propio de control de cultivos de coca y represión del narcotráfico. Washington, en cambio, ha “descertificado” a Bolivia en 18 ocasiones desde entonces, manteniéndolo en la lista de países que incumplen sus compromisos internacionales.
La disputa, sin embargo, no se limita a tecnicismos sobre drogas. En el trasfondo se cruzan tensiones diplomáticas, intereses económicos y una narrativa política que Bolivia proyecta como soberana frente a los dictámenes de Washington.
“Estados Unidos no es un organismo reconocido para evaluar políticas antidrogas; esa tarea corresponde a Naciones Unidas”, señaló Mamani en una entrevista televisiva. El funcionario remarcó que el propio informe estadounidense reconoce los avances bolivianos en materia de incautaciones y cooperación judicial.
Los datos oficiales son contundentes: Bolivia alcanzó un promedio anual de 35 toneladas de droga incautadas, la cifra más alta en su historia. Bajo la administración transitoria de Jeanine Áñez apenas se registraron 14 toneladas; con Evo Morales, 23. En los gobiernos anteriores a la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS), los números eran significativamente más bajos: entre 5 y 11 toneladas.
Ese contraste es clave en el discurso de la administración de Luis Arce, que busca proyectar eficacia en un terreno donde Washington insiste en marcar la agenda. La estrategia oficial combina la erradicación concertada de cultivos ilegales con operaciones militares y policiales, en un equilibrio que intenta no criminalizar al campesinado cocalero, base social histórica del MAS.
El pulso con Estados Unidos también refleja un momento político delicado. Mientras Bolivia enfrenta una economía en tensión por la caída de sus reservas internacionales, la reducción de ingresos por gas natural y un déficit fiscal persistente, el gobierno de Arce necesita reforzar credibilidad interna y externa. Mostrar liderazgo regional en la lucha antidroga, con cifras récord de incautaciones, se convierte así en una carta de legitimidad tanto hacia los organismos multilaterales como hacia sus socios políticos en el país.
