LA PAZ, 24 sep (El Libre Observador) – El Cerro Rico de Potosí, símbolo de la abundancia colonial y herida abierta en la memoria boliviana, vuelve al centro de la escena. La Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó congelar las cuentas del ministro de Minería, Alejandro Santos, y de las máximas autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), por incumplir una sentencia que obligaba al Estado a preservar la estabilidad del macizo.
La decisión, inédita en su alcance, refleja la tensión entre la explotación económica de un recurso estratégico y la urgencia de salvar un patrimonio en riesgo de colapso.
La medida responde a un recurso interpuesto por el Comité Cívico Potosinista, que denunció que el Gobierno y la estatal minera no ejecutaron los trabajos de estabilización del cerro ni trasladaron a las cooperativas mineras a zonas más seguras, tal como lo ordenaba la Sentencia Constitucional 1062 de 2022.
La corte no solo dispuso el congelamiento de cuentas, sino que advirtió que, de no cumplirse la orden, impondrá multas progresivas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
El Cerro Rico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, ha sido explotado de manera continua durante más de cinco siglos. Desde el auge colonial, cuando su plata financió el poderío de la Corona española, hasta la era de las cooperativas actuales, la montaña ha visto cómo su estructura se debilitaba al ritmo de la extracción. Hoy, con 144 hundimientos identificados —55 de ellos en proceso de mitigación—, la montaña se encuentra en un punto crítico.
En los últimos años, Comibol ha intentado contener el deterioro mediante el traslado de desechos metalúrgicos para rellenar grietas y estabilizar zonas hundidas. Según datos oficiales, se han movilizado más de 424.000 toneladas de material inerte en un esfuerzo por sostener la integridad geológica del cerro. Sin embargo, el fallo judicial revela la percepción de que esas acciones son insuficientes y llegan con retraso frente a la magnitud del problema.
El trasfondo económico añade más tensión. El Cerro Rico sigue siendo un recurso estratégico para Bolivia: la plata cotiza por encima de los 35 dólares la onza, mientras que estaño, plomo y zinc completan el mosaico de minerales que sostienen a miles de familias en Potosí. Las cooperativas mineras, legalizadas desde 1985, generan empleo y divisas, pero también han profundizado la inestabilidad física de la montaña.
La Unesco ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el deterioro del sitio patrimonial. La organización exige medidas urgentes para preservar no solo la montaña, sino también la ciudad colonial y los barrios obreros vinculados históricamente a la actividad minera. El incumplimiento podría llevar incluso a la inclusión del sitio en la lista de patrimonio en peligro, un golpe simbólico para un país que reivindica su identidad en torno a la montaña de plata.
