LA PAZ, 17 oct (El Libre Observador) — En medio de un clima de desconfianza política y tensiones económicas, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha salido al paso este viernes de las críticas que cuestionan sus operaciones con oro. Su presidente, Edwin Rojas, defendió la legalidad y necesidad de las transacciones financieras realizadas con el metal, asegurando que su objetivo es fortalecer las reservas líquidas del país y evitar un default en el cumplimiento de los pagos externos.
“Estas operaciones tienen un propósito claro: fortalecer el componente líquido de las reservas internacionales, básicamente contar con divisas”, explicó Rojas en conferencia de prensa. Según el funcionario, los recursos obtenidos se destinan a pagar la deuda externa y garantizar la importación de combustibles e insumos estratégicos para el Estado.
La defensa del BCB llega después de que sectores opositores presentaran una denuncia penal contra Rojas y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusándolos de presuntos delitos vinculados a la venta anticipada del oro de las reservas internacionales.
“Nos hemos informado por los medios. No conocemos el contenido de la demanda, pero actuamos en estricto cumplimiento de la ley”, respondió Rojas, quien atribuyó las acusaciones a motivaciones políticas.
El Banco Central ha ejecutado hasta la fecha operaciones equivalentes a 8,4 toneladas de oro, dentro de un esquema que combina venta a futuro y cobertura financiera para generar liquidez sin perder la propiedad del metal. Según Rojas, este tipo de instrumentos permiten al país sortear el bloqueo legislativo que impide la aprobación de nuevos créditos externos.
Recientemente, el ente emisor concluyó su primera venta a futuro de tres toneladas, que generó 388,8 millones de dólares. La transacción fue realizada bajo un contrato de 12 meses y aprovechó el alza del precio internacional del oro.
Este tipo de operación, inédita en Bolivia, se ejecuta bajo la Ley 1503 de Compra de Oro, aprobada en 2023, que autoriza al Banco Central a emplear instrumentos de cobertura y financiamiento con respaldo metálico.

Las reservas internacionales netas (RIN) del país alcanzaron al 16 de octubre de 2025 los 3.451 millones de dólares, de los cuales 3.246 millones corresponden al componente de oro. Según los datos oficiales, Bolivia mantiene 23,82 toneladas del metal precioso, una cifra superior al mínimo legal de 22 toneladas exigido por la ley. “De esas 23,82 toneladas, 16,9 están depositadas en el exterior, 5,78 en bóvedas del Banco Central y 1,85 en proceso de desafinación”, detalló Rojas.
El presidente del BCB también confirmó una nueva operación de venta a futuro por 1,3 toneladas, firmada el pasado 9 de octubre, dentro de un esquema de contratos anuales que pueden ser renovados según las condiciones del mercado. “Estas operaciones son legales, transparentes y necesarias para garantizar liquidez al país”, insistió.
Buena parte de las divisas generadas por estas operaciones se transfieren a YPFB, la empresa estatal de hidrocarburos, para asegurar la compra de combustibles y sostener la cadena energética. “Si Bolivia entrara en default, el sector privado también sufriría. Este tipo de operaciones evita precisamente ese riesgo”, enfatizó Rojas.

El uso del oro como respaldo financiero divide opiniones entre economistas y políticos. Para algunos, como el analista Hernán Quiroga, se trata de una “medida pragmática” en un contexto de restricciones externas: “Bolivia tiene un margen reducido para acceder a créditos internacionales. Usar el oro como instrumento de liquidez es una forma legítima de ganar tiempo y sostener el equilibrio macroeconómico”.
En un contexto internacional marcado por la revalorización del oro como activo refugio, la apuesta boliviana combina urgencia económica y cálculo político. Con el precio del metal en ascenso y las reservas presionadas por la escasez de divisas, el Banco Central intenta demostrar que aún dispone de herramientas financieras propias para sortear la tormenta.
El mensaje de Rojas fue nítido: Bolivia no está vendiendo su oro, sino utilizándolo inteligentemente para evitar un impago. La estrategia busca conjugar soberanía monetaria, disciplina fiscal y una dosis de creatividad financiera, mientras el país se enfrenta al reto de sostener su estabilidad en medio de un escenario regional cada vez más incierto.

