LA PAZ, 15 oct (El Libre Observador) — El Senado de Bolivia ha sancionado una ley excepcional que suspende durante seis meses los embargos, remates y procesos judiciales vinculados a créditos de vivienda social y microcréditos productivos, en un intento del Gobierno de Luis Arce por ofrecer un respiro financiero a los sectores más vulnerables.
La medida, que deberá ser promulgada en los próximos días por el presidente, fue aprobada sin mayores sobresaltos en la Cámara Alta, tras haber pasado por la de Diputados. El texto ordena además el diferimiento automático de cuotas y prohíbe a las entidades financieras cobrar intereses adicionales o aplicar penalidades durante el periodo de suspensión.
“Queda sancionada la presente ley y remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, anunció la vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, al cierre de la sesión plenaria. La legisladora agradeció la “madurez política” de las bancadas, que acordaron acelerar el tratamiento de una norma esperada por miles de deudores.
La llamada “Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias” pretende dar oxígeno a más de 1,4 millones de prestatarios que enfrentan dificultades para pagar sus créditos en medio de la desaceleración económica. El alivio beneficiará tanto a familias con viviendas de interés social como a pequeños emprendedores que dependen de microcréditos para mantener sus negocios.
El Ministerio de Economía subrayó que la norma no implica condonación de deudas, sino una medida temporal de protección. “No afecta la estabilidad del sistema financiero”, aseguró la cartera en un comunicado. El ministro Marcelo Montenegro recordó que las entidades bancarias registraron utilidades por más de 389 millones de dólares en 2024, lo que, a su juicio, demuestra su capacidad para absorber el impacto de la medida.
De acuerdo con el Gobierno, los créditos alcanzados representan menos del 3% de los depósitos totales del sistema financiero, por lo que el efecto económico sería marginal. La ley instruye al Ejecutivo reglamentar su aplicación mediante decreto supremo en un plazo máximo de 10 días.
Las organizaciones sociales, que venían presionando al Congreso desde hace meses, celebraron la aprobación como una victoria popular. “Es una medida de justicia social que evita el desalojo de familias humildes”, declaró a la prensa un representante de los microempresarios de El Alto. Doce agrupaciones sindicales respaldaron la iniciativa, argumentando que muchas familias habían caído en mora por la caída del consumo y el aumento del costo de vida.
El contexto financiero explica la urgencia. Según datos oficiales, la mora en la cartera de microcréditos subió del 1,8% al 3% entre 2020 y 2024, mientras que en los créditos de vivienda social el indicador se triplicó hasta el 3,7%. Aunque los bancos mantienen una sólida posición de liquidez, los hogares más frágiles se resienten ante el encarecimiento de bienes básicos y el menor dinamismo del empleo informal.
Durante la pandemia, Bolivia ya aplicó una medida similar que alcanzó al 10% de la cartera bancaria. Esta vez, el Gobierno asegura que el alcance será más focalizado, pero suficiente para aliviar la presión sobre los deudores más pequeños. “Esta ley era muy necesaria para los prestatarios que han estado preocupados por la falta de tratamiento. Ojalá el Ejecutivo la reglamente a la brevedad posible”, afirmó la senadora Alarcón.
En el sector financiero, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) evitó pronunciarse, aunque fuentes del gremio señalaron que las entidades acatarán la disposición una vez promulgada. Analistas económicos, en cambio, advierten que el diferimiento prolongado puede distorsionar el mercado crediticio y desalentar nuevos préstamos en un contexto ya marcado por la falta de liquidez.
El Gobierno de Arce, que enfrenta crecientes presiones sociales por la carestía y el desempleo, busca con esta norma mitigar tensiones sin comprometer la estabilidad del sistema financiero. Para muchos, el desafío será mantener el equilibrio entre el alivio social y la prudencia económica.
A la espera de la promulgación presidencial, la ley se presenta como un gesto político de contención social, que llega en un momento en que el Ejecutivo necesita reforzar su vínculo con los sectores populares y demostrar que el “modelo social productivo” aún puede ofrecer protección en tiempos de incertidumbre.
