LA PAZ, 17 nov (El Libre Observador) — Uno de los rostros más visibles del sindicalismo boliviano de la última década, Juan Carlos Huarachi, llegó este lunes en silencio a las oficinas del Ministerio Público. Minutos después, salió enmanillado bajo custodia policial.
El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) fue aprehendido tras más de un mes de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, en un caso que ha sacudido al movimiento laboral del país.
La Fiscalía sostiene que el expediente reúne suficientes indicios para procesar al dirigente que encabezó la mayor central de trabajadores desde 2018. “Existen elementos de convicción sobre la autoría de estos delitos (…) por lo cual se ha ejecutado la aprehensión”, declaró el fiscal Aldo Meza, ante un grupo de periodistas que aguardaba a las puertas de la institución.
Huarachi evitó declarar en esta nueva citación. Es un contraste con su primera presentación, el pasado 4 de noviembre, cuando, entre murmullos y cámaras, dijo que había acudido por voluntad propia porque “el que nada tiene, nada teme”. Esa audiencia se suspendió, pero la investigación continuó avanzando.
El expediente se remonta al 17 de octubre, cuando el jurista Abel Loma denunció un presunto incremento patrimonial injustificado y la adquisición de varias propiedades durante los años en que Huarachi dirigió la COB.
El caso está ligado al llamado “escándalo de las coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente, una trama que ha puesto bajo la lupa las relaciones entre dirigentes laborales y funcionarios públicos.
Preguntado anteriormente sobre el origen de sus bienes, Huarachi respondió con una frase escueta: “Que se investigue”. Sin embargo, la Fiscalía cree tener ya los elementos para imputarlo y solicitar medidas cautelares ante un juez, que deberá definir si el proceso se lleva adelante con detención preventiva o con restricciones menos severas.
La caída del dirigente tiene un peso político evidente. Durante sus siete años al frente de la COB, Huarachi se convirtió en un aliado clave de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, respaldando proyectos, negociaciones y movilizaciones en momentos de alta tensión social. Su última gestión concluyó el 7 de noviembre, apenas diez días antes de su aprehensión.
El caso abre un capítulo incómodo para el movimiento obrero boliviano, cuya dirigencia se ha visto envuelta en varios escándalos en los últimos años. Y coloca a uno de sus líderes más emblemáticos ante un escenario judicial que podría redefinir su legado, mientras la Fiscalía amplía las pesquisas y el país observa cómo se despliega una nueva batalla entre la justicia y el poder sindical.
