LA PAZ, 21 jul (El Libre Observador) — En Bolivia, donde cada elección se convierte en un terreno de incertidumbre y maniobras políticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó este lunes una advertencia que marca el pulso de los comicios generales del 17 de agosto: los partidos que se retiren a última hora deberán asumir el costo de la impresión de las papeletas, una suma que supera los seis millones de bolivianos (casi un millón de dólares).
“Los partidos todavía pueden declinar, pueden bajarse de la contienda electoral, pero eso sí, deben pagar los costes de la impresión de las papeletas”, sentenció el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, mientras el TSE intenta blindar la organización de unos comicios marcados por la vacilación política y la sombra de precedentes recientes.
El antecedente es claro: en 2020, semanas antes de la votación que llevó al poder a Luis Arce (MAS-IPSP), Jorge “Tuto” Quiroga y la expresidenta interina Jeanine Áñez se retiraron de la carrera, obligando al TSE a enfrentar sobrecostos logísticos y a ajustar la planificación electoral en tiempo récord.
Hoy, con 8,4 millones de papeletas en impresión y un presupuesto de más de Bs 6,4 millones (unos 927.000 dólares), la autoridad electoral busca evitar que la historia se repita.
Pero la advertencia de Quispe va más allá del tema económico: refleja el clima de tensión en unas elecciones que no solo definirán al próximo presidente, sino también el futuro del Movimiento al Socialismo (MAS), fracturado entre el ala de Arce y la de Evo Morales. Ambas facciones, junto a una oposición atomizada, libran una batalla táctica en los tribunales y en el calendario electoral.
El vocal también anticipó que el 13 de agosto, fecha límite para sustituir candidatos inhabilitados, podría ser decisiva. “Esa fecha va a ser especial porque muchos partidos esperan hasta entonces para evitar impugnaciones y habilitar a sus aspirantes sin riesgos”, deslizó, insinuando que la recta final de la campaña podría traer giros inesperados.
Para los votantes, la incertidumbre sobre quiénes estarán finalmente en las papeletas añade otra capa de complejidad a un proceso ya sacudido por denuncias de injerencia política, desconfianza hacia el árbitro electoral y un contexto económico frágil que amenaza con dominar la agenda de campaña.
Con el reloj corriendo, el TSE intenta imponer reglas claras en un país donde la política se mueve entre negociaciones de última hora y un electorado cada vez más escéptico. En este escenario, la advertencia de Quispe no solo apunta a las arcas de los partidos: es un mensaje para frenar el caos en una elección que, de por sí, ya se perfila como una de las más tensas de la era democrática boliviana.
