LA PAZ, 22 may (El Libre Observador) — “No nos hemos escapado”, afirmó este viernes Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) al reaparecer desde un escondite desconocido mientras Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años, con carreteras bloqueadas, ciudades semiparalizadas y una creciente sensación de que el conflicto ha dejado de ser sectorial para transformarse en una disputa abierta por el poder.
El líder sindical, buscado por la Policía tras una orden de aprehensión por presuntos delitos de terrorismo y otros cargos vinculados a las protestas, difundió un video grabado desde la clandestinidad en el que denunció persecución política y pidió mantener las movilizaciones que asfixian al país desde hace casi tres semanas.
La escena parecía salida de un país bajo convulsión permanente: un dirigente oculto, una nación dividida y un Gobierno cada vez más cercado por protestas que comenzaron con reclamos económicos y derivaron en una ofensiva política que exige la salida del presidente Rodrigo Paz.
“Vamos a estar con ustedes, incluso si nos apresan”, dijo Argollo, en un mensaje dirigido a trabajadores, campesinos y manifestantes que mantienen bloqueadas las principales rutas del país. Su tono oscilaba entre la resistencia y la advertencia, mientras intentaba desmontar rumores sobre una supuesta fuga hacia el Chapare, el enclave político y sindical del expresidente Evo Morales.
“No nos hemos ido al Chapare como quiere hacer ver el Gobierno”, afirmó.
La reaparición del dirigente ocurre en un momento especialmente delicado para Bolivia. Las largas filas por combustible se han vuelto parte del paisaje cotidiano en La Paz y El Alto. Mercados con productos cada vez más caros, comercios desabastecidos y hospitales que alertan sobre dificultades para recibir suministros reflejan el impacto tangible de los bloqueos.
Según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, este viernes permanecían activos más de 50 puntos de bloqueo distribuidos en siete de los nueve departamentos del país. El cerco sobre La Paz se ha convertido en el símbolo más visible de una crisis que se expande desde las carreteras hacia las instituciones.
Lo que comenzó como protestas dispersas de campesinos, maestros, mineros y obreros por la situación económica y el deterioro del poder adquisitivo evolucionó rápidamente hacia una articulación política más amplia. Sectores sindicales y grupos afines a Evo Morales convergieron en una misma consigna: exigir la renuncia presidencial y adelantar elecciones.
En las calles del centro paceño, la tensión escaló nuevamente este viernes. Columnas de manifestantes avanzaron hacia la plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo entre petardos, banderas y consignas contra el Gobierno. La Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que intentaban acercarse al núcleo del poder político.
El Ejecutivo sostiene que detrás de las protestas existe una estrategia de desestabilización impulsada por sectores radicales y acusa a algunos dirigentes de promover violencia y sabotaje. Pero desde el movimiento sindical la narrativa es otra: hablan de criminalización de la protesta, persecución política y un Gobierno incapaz de contener el deterioro económico.
Argollo aprovechó precisamente ese desgaste para lanzar un mensaje dirigido no solo a las bases sindicales, sino también a una población golpeada por la incertidumbre. Reconoció el malestar por la falta de alimentos y combustibles, aunque responsabilizó directamente al Ejecutivo por el agravamiento de la crisis.
