LA PAZ, 8 dic (El Libre Observador) — La disputa por el manejo de la basura en el valle central de Bolivia derivó este lunes en uno de los episodios más violentos del año. Dos personas murieron y al menos una decena resultaron heridas durante un operativo policial para despejar el bloqueo instalado desde hace casi dos semanas en torno al botadero de Cotapachi, un punto crítico para la gestión de residuos de Cochabamba y sus municipios vecinos.
Las víctimas, identificadas como Mario Padilla (38) y Sinfodiano Carrillo (47), llegaron sin signos vitales al hospital Benigno Sánchez de Quillacollo. Según el director del centro médico, Julio César Orozco, ambos presentaban lesiones compatibles con impacto de proyectil de arma de fuego, un dato que elevó la tensión política y abrió un debate sobre el uso de la fuerza por parte del Estado.
El conflicto comenzó 12 días atrás, cuando comunarios de Cotapachi instalaron un cerco para exigir una delimitación oficial del botadero, alegando que su expansión se ha convertido en un foco de contaminación y riesgo sanitario. El cierre afectó a más de un millón de habitantes del área metropolitana de Cochabamba y provocó la acumulación de miles de toneladas de basura, generando presión social y política para una intervención.
El operativo policial se activó en la madrugada del lunes. De acuerdo con imágenes difundidas por medios locales, los agentes avanzaron con gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron con petardos, hondas artesanales y detonaciones de dinamita, un recurso habitual en las protestas rurales de Bolivia. En medio del caos, se produjeron los disparos que aún no han sido atribuidos oficialmente.
El abogado de los comunarios, Eduardo Mérida, denunció un “uso desproporcionado de la fuerza” y aseguró que los agentes “irrumpieron en viviendas y dispararon contra vecinos”. Familiares de las víctimas afirmaron que existen videos que muestran la actuación policial.
Desde el otro lado, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, rechazó las acusaciones y atribuyó la violencia a “grupos de interés” vinculados al sindicato agrario local. La autoridad sostuvo que parte de los movilizados “no reside en el municipio” y aseguró que el bloqueo tenía fines políticos y económicos.
El episodio reavivó un debate más amplio sobre la fragilidad institucional en la gestión de residuos en Bolivia, donde varios municipios dependen de basureros saturados, disputados y muchas veces administrados sin consenso social. En Cochabamba, Cotapachi es el último eslabón de una cadena de botaderos cuestionados desde hace más de dos décadas.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles han pedido una investigación independiente para determinar el origen de los proyectiles que causaron las muertes. El Gobierno, por ahora, no ha informado si abrirá una pesquisa especializada o si se solicitará apoyo pericial externo.
El conflicto sigue abierto y podría escalar en los próximos días. El municipio necesita restablecer el acceso al botadero para evitar una emergencia sanitaria, mientras los vecinos de Cotapachi insisten en que no levantarán las medidas hasta que se atiendan sus demandas ambientales y territoriales.
La tensión continúa en aumento en una región donde los reclamos por contaminación y límites comunales suelen entrelazarse con disputas políticas que marcan el pulso social de Bolivia.
