LA PAZ, 9 ago (El Libre Observador) — En medio de un creciente debate económico, la posibilidad de eliminar la subvención a los carburantes ha encendido las alarmas en Bolivia. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió este viernes que, de llevarse a cabo esta medida, el impacto sería profundo y generalizado, afectando no solo a los transportistas, sino a toda la población con un incremento en los precios de “todas las cosas”.
La preocupación de Gómez surge ante el anuncio del presidente Luis Arce de consultar a la población sobre la continuidad de la subvención, que actualmente representa una carga de casi 2.000 millones de dólares para el Estado.
El líder sindical enfatizó que esta propuesta debió haber sido previamente socializada con su sector, dado que los choferes dependen del combustible para su trabajo diario.
“No es el momento de levantar esta medida. Si se elimina la subvención, los precios de todo van a subir y no van a bajar más. Esto afectará directamente al pueblo”, afirmó Gómez.
Su inquietud radica en que un posible incremento en el costo de la gasolina especial y del diésel obligaría a los transportistas a elevar las tarifas del transporte público y, en consecuencia, los precios de productos básicos también experimentarían un alza.
La posición del sector empresarial, representada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), contrasta con la de los transportistas. La CNC ha calificado la subvención como “insostenible” y ha pedido su eliminación urgente, argumentando que mantenerla solo agrava el desequilibrio económico del país.
La discusión sobre la subvención a los carburantes pone de manifiesto la complejidad de una decisión que podría repercutir en toda la cadena económica. Mientras los choferes temen por un impacto directo en sus costos operativos y en el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las finanzas públicas sin desestabilizar el poder adquisitivo de la población.
En este contexto, la consulta popular que propone el Ejecutivo se presenta como un posible desenlace, aunque su implementación y los resultados que de ella se deriven podrían marcar un punto de inflexión en la política económica del país.
