LA PAZ, 2 ene (El Libre Observador) — La detención de Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), reactivó este viernes uno de los casos de corrupción más sensibles para el Estado boliviano, al involucrar a una empresa estratégica encargada de garantizar alimentos subvencionados y apoyo a pequeños productores.
Flores fue aprehendido por la Policía Boliviana cuando se dirigía al Ministerio Público para prestar su declaración y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece a la espera de una audiencia de medidas cautelares.
La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en al menos seis procesos penales vinculados a irregularidades administrativas, desvío de recursos y daño económico millonario al Estado.
El paradero del exfuncionario era desconocido desde noviembre de 2025, cuando se beneficiaba de detención domiciliaria tras una aprehensión previa. Según las autoridades, Flores abandonó su vivienda sin autorización judicial, lo que motivó la activación de una alerta migratoria para evitar una eventual salida del país.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que existen cuatro mandatos de aprehensión vigentes contra el exgerente y que la Fiscalía solicitará su detención preventiva por un periodo de cuatro meses. “Se trata de un caso complejo, con múltiples líneas de investigación y un presunto daño económico cercano a los 100 millones de bolivianos”, señaló.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Flores habría actuado como autor intelectual de una red de corrupción dentro de Emapa, autorizando pagos irregulares y contratos sin respaldo técnico ni operativo. Una de las principales investigaciones apunta a la planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto, donde se habrían desembolsado salarios y recursos pese a que la infraestructura no estaba en funcionamiento.
El exgerente ya había sido detenido en octubre del año pasado por este mismo caso, pero un juez determinó entonces medidas sustitutivas y detención domiciliaria, en contra del pedido fiscal de detención preventiva. En aquella oportunidad, Flores rechazó las acusaciones y aseguró contar con descargos suficientes para demostrar su inocencia.
La investigación también vincula al exfuncionario con el denominado caso de la harina subvencionada, que involucra a Emapa y a la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol). Según las pesquisas, la empresa estatal habría adquirido harina con sobreprecio a un dirigente del sector, desviando fondos públicos hacia cuentas relacionadas con familiares de Flores y del dirigente panificador Rubén Ríos, quien actualmente cumple detención preventiva por seis meses.
En el marco de este proceso, la esposa de Flores fue aprehendida y enviada a detención preventiva, acusada de presunta complicidad en las operaciones investigadas, una medida que ha generado debate público sobre la extensión de responsabilidades penales en casos de corrupción estructural.
La caída del exgerente de Emapa vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de empresas públicas en Bolivia y reabre el debate sobre los mecanismos de control, fiscalización y transparencia en el manejo de recursos destinados a políticas de subsidio alimentario, en un contexto de creciente presión social y exigencias de rendición de cuentas.
