LA PAZ, 7 ene (El Libre Observador) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó al 80% de los más de 34.000 candidatos inscritos para las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026, tras concluir la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, en una decisión que reconfigura de manera abrupta el escenario político previo a los comicios.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que 26.000 de los 34.618 postulantes registrados fueron excluidos por incumplir los requisitos exigidos por la normativa electoral, una cifra sin precedentes en procesos subnacionales. El volumen de inscripciones ya había marcado un récord histórico frente a los 20.337 candidatos registrados en las elecciones de 2021.
“Imagínese que, de más de 34.000 candidatos, 26.000 han sido inhabilitados. Es decir, el 80% a nivel nacional”, señaló Ávila, al atribuir la situación a fallas graves en la documentación presentada por las organizaciones políticas.
Las candidaturas observadas corresponden a distintos cargos, entre ellos alcaldes, primeros concejales y asambleístas departamentales, aunque el TSE evitó divulgar nombres hasta la publicación oficial de las listas finales. El proceso subnacional involucra la elección de gobernadores, subgobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas, tanto a nivel departamental como municipal.
Según explicó Ávila, los aspirantes debían cumplir 10 requisitos obligatorios, entre ellos la libreta de servicio militar, certificados de solvencia fiscal y el Certificado de No Violencia (CENVI). Sin embargo, en numerosos casos las carpetas contenían únicamente la fotocopia de la cédula de identidad, presentada por delegados partidarios.
“Las organizaciones políticas sabían que esta cantidad iba a ser inhabilitada. Esta práctica de presentar candidaturas sin respaldo documental es recurrente para ‘reservar’ espacios”, lamentó la autoridad electoral, al advertir sobre el uso instrumental de las listas.
Ante esta situación, el TSE anunció que fijará en las próximas horas un plazo breve y excepcional para la sustitución de candidaturas, pese a que la ley permite reemplazos hasta 72 horas antes de la votación. Ávila aclaró que esa flexibilidad no se aplicará a quienes incumplieron requisitos, con el objetivo de garantizar el derecho al voto informado.
“Los ciudadanos merecen saber con anticipación quiénes serán sus candidatos, conocer sus propuestas y participar en debates”, afirmó, al subrayar que el Órgano Electoral hará prevalecer ese derecho por encima de intereses partidarios.
Las listas oficiales de habilitados e inhabilitados serán publicadas el 9 de enero, tras lo cual se abrirá el periodo de impugnaciones ciudadanas. El calendario electoral también está condicionado por la complejidad logística del proceso, que contempla más de 500 formatos distintos de papeletas, cuya impresión debe iniciar alrededor de 40 días antes de los comicios.
El inédito nivel de inhabilitaciones pone en evidencia la fragmentación política y la debilidad organizativa de varias fuerzas que participan en las elecciones subnacionales, en un país donde la disputa territorial y municipal se ha convertido en un termómetro clave del poder político.
