LA PAZ, 2 feb (El Lbre Observador) — Bolivia se asoma a uno de los cambios económicos más sensibles de las últimas décadas: la posible adopción de un tipo de cambio flotante y la unificación de la cotización del dólar, una decisión que pondría fin al esquema de paridad fija vigente desde 2011 y que el Gobierno espera concretar a lo largo de este año. El anuncio, aún sin calendario, marca un giro profundo en un país donde el precio del dólar ha sido durante más de una década un ancla de estabilidad y, al mismo tiempo, una fuente creciente de distorsiones.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que el Ejecutivo trabaja en un sistema de “un solo tipo de cambio” que se mueva en función de la oferta y la demanda del mercado. La propuesta busca cerrar la brecha entre la cotización oficial, el tipo de cambio referencial del Banco Central y los precios del mercado paralelo, una coexistencia que, en palabras del propio ministro, “ninguna economía puede sostener de manera sana”.
Desde noviembre de 2011, Bolivia mantiene un tipo de cambio oficial prácticamente inalterado en torno a los 6,96 bolivianos por dólar. Durante años, ese esquema fue posible gracias al auge de los ingresos por hidrocarburos y minerales, que permitieron acumular reservas internacionales históricas y sostener una política de fuerte gasto público. El dólar barato se convirtió en un símbolo de estabilidad para la población urbana y en un instrumento político de previsibilidad.
Ese equilibrio comenzó a resquebrajarse a partir de 2023, cuando la caída de las reservas, la menor producción de gas y la creciente demanda de divisas generaron escasez de dólares. El resultado fue la aparición de un mercado paralelo que, en su punto más crítico, llegó a cotizar la divisa estadounidense cerca de los 20 bolivianos, multiplicando la incertidumbre entre importadores, ahorristas y pequeños comerciantes.
Para contener la distorsión, el Banco Central de Bolivia introdujo una cotización referencial de mercado, que hoy ronda los 8,6 bolivianos para la compra y 8,8 para la venta, y que ya se utiliza en operaciones oficiales como la compra de oro. Aun así, la existencia simultánea de varias referencias cambiarias sigue afectando la transparencia del sistema y alimentando expectativas especulativas.
El Gobierno sostiene que la unificación del tipo de cambio y el paso a un esquema flotante permitirán reducir esas tensiones y devolver señales claras al mercado. Espinoza evitó anunciar fechas concretas, pero reiteró que el objetivo es avanzar durante 2026, consciente de que este tipo de decisiones suele tener un alto costo político y social.
El debate va más allá de los tecnicismos monetarios. Para amplios sectores de la población, el fin del dólar fijo despierta temores de inflación, encarecimiento de alimentos y pérdida del poder adquisitivo, especialmente en un país donde una parte importante del consumo depende de bienes importados. Al mismo tiempo, economistas y empresarios sostienen que mantener una paridad artificial terminó castigando a los exportadores y profundizando los desequilibrios externos.
El Ejecutivo confía en que el contexto económico acompañe la transición. Entre los factores que cita figuran los elevados precios internacionales de los minerales, la previsión de una buena cosecha agrícola y los cambios en el sistema de precios de los carburantes, donde el sector privado ya cubre una parte de la demanda, reduciendo la presión fiscal y sobre las divisas.
Más de una década después de haber fijado el dólar como pilar de estabilidad, Bolivia enfrenta ahora el desafío de desmontar ese ancla sin provocar un shock social. La eventual adopción de un tipo de cambio flotante no solo redefinirá la política monetaria, sino también la relación de los bolivianos con una moneda que, durante años, fue sinónimo de certidumbre en medio de una economía volátil.
