LA PAZ, 6 feb (El Libre Observador) – El presidente Luis Arce en una muestra de su liderazgo y compromiso con la institucionalidad, promulgó el martes la ley 144 «Transitoria para las Elecciones Judiciales» con serias denuncias de desestabilización a su gestión y daños de 1.000 millones de dólares por los bloqueos.
En un discurso enfático, Arce llamó a evitar el cuoteo en la selección de los candidatos a las judiciales, denunciando que el bloqueo liderado por afines de Evo Morales “iba por la cabeza del presidente”.

Enfatizó que la promulgación de esta ley representa un hito en el camino hacia la renovación de las autoridades judiciales y, al mismo tiempo, un desafío contra las fuerzas políticas que buscan imponer sus intereses particulares sobre la meritocracia y la independencia del sistema judicial.
Asimismo, destacó el acuerdo político alcanzado el 2 de febrero, resultado de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con la elección de nuevos magistrados.
El presidente lamentó el bloqueo liderado por sectores radicales afines al expresidente Evo Morales, que dejó 1.000 millones de pérdidas para el país, ocho muertos y perjuicios para la economía y la sociedad boliviana.

Denunció que dicho bloqueo tuvo como objetivo desgastar su gobierno y revertir el fallo del control constitucional que impide una nueva postulación de Morales, calificando la medida como innecesaria e injusta para el pueblo boliviano.
A pesar de los desafíos y las adversidades, Arce reafirmó su compromiso con la democracia y la constitucionalidad, asegurando que el camino hacia las elecciones judiciales es el único que garantiza la estabilidad y el bienestar del país.
En este sentido, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a rechazar cualquier intento de desestabilización o manipulación política.

El acto de promulgación contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales y legisladores, quienes respaldaron el compromiso del gobierno de Arce con la transparencia y la legalidad en el proceso electoral.
Con este paso crucial, Bolivia pretende avanzar hacia un sistema judicial más justo, imparcial y representativo, sentando las bases para una sociedad democrática y pluralista.

