LA PAZ, 20 feb (El Libre Observador) – La crisis política boliviana sumó este viernes un nuevo capítulo de alto voltaje internacional. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una notificación roja contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien se encuentra detenido preventivamente en una cárcel boliviana mientras enfrenta procesos judiciales propios.
La alerta internacional convierte al hijo del exmandatario en un prófugo buscado en los 195 países miembros del organismo policial. La Fiscalía confirmó que el sello rojo fue formalmente activado tras la declaratoria de rebeldía dictada por un juez el pasado 22 de enero, cuando Arce Mosqueira no se presentó a una audiencia cautelar por un proceso de presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Miguel Cardozo explicó que la medida habilita la localización y eventual detención preventiva del investigado con fines de extradición. Aunque una notificación roja no equivale a una sentencia, sí coloca el caso bajo vigilancia internacional y acelera los mecanismos de cooperación policial.
Un caso patrimonial bajo sospecha
La investigación gira en torno a la adquisición de bienes de alto valor —un penthouse, vehículos de lujo, bauleras y al menos siete inmuebles en Santa Cruz— por un monto cercano a los 755.000 dólares. Según la Fiscalía, no se hallaron registros de actividad laboral, empresarial o comercial que expliquen esa capacidad económica.
La defensa del imputado no ha logrado revertir la declaratoria de rebeldía, mientras su paradero continúa siendo desconocido. En paralelo, la pareja de Arce Mosqueira fue citada a declarar y solicitó comparecer de manera virtual desde el exterior, lo que ha ampliado el alcance internacional del expediente.
El trasfondo político: del poder a la prisión
La dimensión del caso se amplifica por la situación del propio Luis Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 y hoy permanece bajo detención preventiva en el marco de investigaciones judiciales distintas. El encarcelamiento del exmandatario, una figura central del ciclo político reciente, ha polarizado al país y reconfigurado el mapa de lealtades partidarias.
Para sus críticos, los procesos en curso representan un ajuste de cuentas con una etapa marcada por tensiones económicas y denuncias de irregularidades. Para sus seguidores, en cambio, se trata de una persecución judicial con trasfondo político. En ese contexto, la activación de la alerta roja contra su hijo añade un componente simbólico: la caída no solo afecta al líder, sino también a su entorno familiar más cercano.
Un país en redefinición
Bolivia atraviesa una etapa de reacomodo institucional en la que los tribunales han asumido un protagonismo inusual. La detención de un expresidente y la búsqueda internacional de su hijo proyectan hacia el exterior la imagen de un sistema judicial dispuesto a escalar investigaciones más allá de las fronteras nacionales.
Sin embargo, también reavivan interrogantes sobre la estabilidad política y la independencia de poderes en un país donde los conflictos entre oficialismo y oposición suelen trasladarse a los estrados judiciales.
Mientras Interpol difunde la alerta roja y las autoridades bolivianas intensifican la búsqueda, el caso Arce se convierte en el símbolo de un tiempo político en el que la línea entre poder y responsabilidad penal se ha vuelto más delgada que nunca.
