LA PAZ, 9 oct (El Libre Observador) — En medio de una crisis ambiental sin precedentes, el gobierno boliviano denunció este miércoles que los devastadores incendios forestales que afectan a gran parte del país son el resultado de una «planificación premeditada».
Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, las evidencias apuntan a que grupos organizados están detrás de las quemas intencionales que han arrasado con más de 7,3 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, una de las regiones más afectadas.
“Es impresionante cómo actúan. Hemos encontrado maquinaria pesada y personas con cordones listos para iniciar nuevos incendios, lo que confirma que se trata de una operación bien coordinada”, afirmó Calvimontes en una entrevista radial.
Esta declaración llega tras más de 125 días de lucha constante contra el fuego, en los que bomberos, militares y comunarios han trabajado incansablemente para mitigar el impacto de las llamas, sin que los esfuerzos sean suficientes para detener el avance del fuego.
El departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia y hogar de extensas áreas agrícolas, es el epicentro de la crisis. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), solo en esa región se han registrado 58 incendios activos que han devastado 21 municipios.
Los daños son cuantiosos: la región ha perdido más de 7,3 millones de hectáreas de bosques y pastizales en solo cuatro meses, lo que pone en peligro no solo los ecosistemas, sino también la base económica de la región.
El impacto económico de estos incendios es profundo. La deforestación masiva y la destrucción de tierras agrícolas están afectando gravemente la producción agropecuaria, lo que podría derivar en una crisis alimentaria. Además, las pérdidas económicas para los pequeños y medianos productores son incalculables, ya que la recuperación de los suelos devastados podría tardar años.
Desde el 2019, Bolivia ha perdido más de 30 millones de hectáreas de bosques y pastizales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Según datos oficiales, solo en 2024, las llamas han consumido cerca de 6,9 millones de hectáreas, una cifra que ha ido en aumento debido a lo que el gobierno califica como “acciones premeditadas”.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno boliviano ha declarado desastre nacional. Además, ha intensificado las acciones para combatir los incendios mediante el despliegue de bomberos, uso de aeronaves especializadas y bombardeos de nubes para provocar lluvias. Sin embargo, las autoridades enfrentan grandes desafíos logísticos debido a la extensión del territorio afectado y la rápida propagación del fuego.
El gobierno también ha señalado que hay avances en términos judiciales. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informó que, hasta la fecha, existen cuatro sentencias condenatorias por delitos de quema forestal, con 348 procesos administrativos y 113 procesos penales en curso. Sin embargo, la magnitud del problema requiere de una respuesta más contundente para detener a los responsables de estas acciones.
Lo que resulta desconcertante para las autoridades es la aparición de incendios en zonas prácticamente inaccesibles, como la Serranía del Iñao, en Chuquisaca, y áreas de Pando donde no había registro previo de fuego. “Es como si hubiera una planificación para desestabilizar al país y causar zozobra”, denunció Calvimontes.
