Por Camilo Carita Torrez
LA PAZ, 23 feb (El Libre Observador) — El inicio de 2026 ha dejado claro que la región atraviesa un momento de alta tensión política, social y de seguridad. Los conflictos entre el Estado y distintos grupos irregulares vuelven a ocupar titulares y a poner en debate la capacidad de los gobiernos para garantizar orden, estabilidad y confianza en las instituciones.
En El Salvador, el enfrentamiento entre el gobierno y las pandillas sigue marcando el clima político, incluso con amenazas dirigidas al presidente Nayib Bukele. En México, la violencia del crimen organizado continúa generando episodios que ponen a prueba la capacidad del Estado para garantizar seguridad a la población. Son señales de una realidad compleja que se repite, con matices distintos, en varios países de América Latina.
En ese contexto aparece una preocupación que cada vez se comenta más en la opinión pública: la posibilidad de que actores del poder —militares, policías, políticos o incluso operadores de justicia— mantengan contactos, acuerdos o negociaciones con estructuras que operan al margen de la ley.
No es un tema menor. Cuando la ciudadanía percibe que quienes deben defender la institucionalidad terminan dialogando o negociando con quienes la desafían, la confianza en el Estado comienza a resquebrajarse. Y cuando la confianza se pierde, el sistema democrático entra en una zona de riesgo.
Es cierto que la política, especialmente en escenarios de crisis, muchas veces se mueve en zonas grises. A lo largo de la historia, distintos gobiernos han optado por negociaciones para frenar la violencia o intentar estabilizar situaciones críticas. Sin embargo, la diferencia está en cómo se hace, bajo qué reglas y con qué nivel de transparencia.
Cuando las decisiones se toman sin control institucional o sin explicaciones claras ante la sociedad, la percepción cambia: ya no se trata de una estrategia de Estado, sino de acuerdos que pueden beneficiar a intereses particulares o coyunturales.
La coyuntura actual exige algo más que discursos de firmeza o promesas de seguridad. Exige coherencia. La ciudadanía espera que las autoridades actúen con claridad, respetando la ley y defendiendo el interés colectivo por encima de cualquier cálculo político.
Porque al final, la diferencia entre gobernar para el país o negociar en su nombre no es solo una frase. Es una línea que define la credibilidad de quienes ejercen el poder en tiempos de incertidumbre.
