LA PAZ, 24 feb (El Libre Observador) — En la zona acomodada de Obrajes, al sur de la sede de Gobierno boliviana, un penthouse con vista a las montañas andinas quedó esta semana bajo custodia del Estado. El inmueble, valuado en alrededor de medio millón de dólares, pertenece a Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce (2020-2025), y su incautación marca un nuevo capítulo en una investigación que ya trascendió las fronteras del país.
La Fiscalía ordenó el secuestro del bien dentro de un proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas. El departamento fue transferido a la estatal Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), encargada de administrar activos bajo investigación penal.
Pero el verdadero giro llegó con la declaración de rebeldía del investigado y la activación de una notificación roja ante Interpol, mecanismo que permite su localización y eventual detención en cualquiera de los países miembros.
Rafael Arce Mosqueira no se presentó el 22 de enero a una audiencia de medidas cautelares en otro proceso vinculado a enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Desde entonces, su paradero es desconocido. La notificación roja no implica culpabilidad, pero sí coloca su nombre en la base de datos policial global y abre la puerta a una posible extradición si es localizado fuera de Bolivia.
El caso adquiere mayor densidad política por el peso del apellido. Luis Arce, economista y exministro de Economía durante el largo ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 tras el turbulento interregno posterior a la crisis de 2019.
Su administración reivindicó la estabilidad macroeconómica y el modelo de fuerte presencia estatal. Aunque el expresidente no está formalmente implicado en los procesos contra su hijo, la investigación golpea el relato oficial de austeridad y control financiero.
Las pesquisas no se limitan al lujoso inmueble paceño. También se indaga la compra, en 2021, de la propiedad agraria “Adán y Eva”, un predio de 2.187,8 hectáreas en Porongo, departamento de Santa Cruz. El terreno fue adquirido por 3,3 millones de dólares cuando el hijo del entonces mandatario tenía 25 años. Según la denuncia, él y su hermana Camila, de 20, accedieron a préstamos por 9,1 millones de dólares del Banco Ganadero para la compra y gestión del predio.
Para los investigadores, el eje del caso radica en determinar si esos movimientos financieros, junto con la presunta adquisición de otros bienes inmuebles y vehículos de alta gama, guardan coherencia con su perfil económico declarado. La figura penal de legitimación de ganancias ilícitas —equivalente al lavado de activos en otras jurisdicciones— se ha convertido en una herramienta frecuente en América Latina para examinar patrimonios vinculados a élites políticas.
En Bolivia, donde la polarización sigue marcando la vida pública, el expediente ha reavivado viejas tensiones entre oficialismo y oposición sobre transparencia y rendición de cuentas. Para los críticos del anterior Gobierno, el caso simboliza la distancia entre el discurso de igualdad social y las fortunas acumuladas en los círculos del poder. Para el entorno del exmandatario, se trata de procesos que deben resolverse en el ámbito judicial sin juicios mediáticos.
Mientras tanto, el penthouse en Obrajes permanece bajo custodia estatal, convertido en símbolo visible de una investigación que ahora se juega también en el terreno de la cooperación penal internacional. Si Rafael Arce Mosqueira cruza una frontera o ya se encuentra fuera del país, cualquier control migratorio en un Estado miembro de Interpol podría activar su detención preventiva.
En un país acostumbrado a que la política y la justicia avancen entrelazadas, el caso abre interrogantes más amplios sobre la relación entre poder, patrimonio y responsabilidad pública en la Bolivia del siglo XXI.
